El Ministerio del Interior y la polémica con el Monasterio de San Habacuc
En un giro inesperado de eventos, el Monasterio de San Habacuc se encuentra en el centro de una controversia tras llevar a cabo una colecta de fondos sin la licencia requerida.
La situación se complicó cuando, tras finalizar la primera colecta, el monasterio solicitó aprobación para una segunda sin haber entregado los documentos requeridos por el ministerio. La entidad gubernamental, que había enviado hasta ocho cartas solicitando la documentación necesaria, finalmente recibió los papeles en 2023, pero estos aún no han sido examinados detalladamente, lo que podría derivar en una investigación policial.
Una de las incógnitas que ha surgido es cómo los 85.000 euros recaudados en la única colecta autorizada se convirtieron en 807.000 euros encontrados en la caja fuerte del monasterio. Se especula que estos fondos adicionales podrían provenir de contribuciones directas al abad y no al monasterio como tal. Sin embargo, se espera que se solicite evidencia sobre la legalidad y el origen de estos fondos.
El Ministerio del Interior ha dejado de considerar solicitudes para apoyar a iglesias y monasterios debido a quejas ciudadanas sobre la presión para donar a personas de bajos ingresos. Aunque dentro de las iglesias los sacerdotes pueden solicitar donaciones sin rendir cuentas, para colectas fuera de ellas se requiere un permiso explícito.
Anualmente, se otorgan alrededor de 80 permisos para colectas legales, con ingresos aproximados de 10 millones de euros. No obstante, también se ha detectado un aumento en las colectas ilegales, especialmente tras el endurecimiento de los controles.
Según la legislación vigente, cualquier entidad que desee organizar una colecta debe obtener un permiso del Ministerio del Interior. En casos excepcionales, se pueden autorizar colectas dentro de recintos eclesiásticos con el consentimiento de la Autoridad Eclesiástica competente.
Este caso destaca la importancia de cumplir con las regulaciones establecidas para la recaudación de fondos y pone en relieve los desafíos que enfrentan las instituciones religiosas para financiar sus actividades en conformidad con la ley.
