El sistema jurídico de Chipre enfrenta desafíos críticos
En Chipre, el sistema jurídico está atravesando dificultades que son ampliamente reconocidas tanto a nivel local como internacional. Esta situación resulta especialmente preocupante para un país que aspira a consolidarse como un centro financiero internacional, ya que se ve obligado a recurrir a sistemas judiciales extranjeros, como el del Reino Unido, para la resolución de disputas y la aplicación de acuerdos internacionales.
Actualmente, el sistema judicial chipriota se encuentra en una posición insostenible, con alrededor de 10,000 casos legales presentados anualmente y solo un 10% de ellos siendo atendidos. Además, se enfrenta a retrasos promedio de 3 a 5 años para la resolución de casos, y aún más tiempo si se presentan apelaciones. Estos retrasos han llevado a un deterioro gradual de la justicia, con ciudadanos que optan por no defender sus derechos debido a los costos adicionales y las constantes postergaciones.
Este escenario ha fomentado una cultura de impunidad, con infractores que continúan evadiendo responsabilidades como el pago de rentas y otros deberes. La impresión general es que el sistema se está desmoronando, y que el incremento en el número de jueces no es la solución definitiva, especialmente porque la situación económica ha aumentado los casos de litigio a tal punto que incluso un aumento del 20% en jueces no mejoraría significativamente los tiempos de decisión.
Además, se ha observado un fenómeno preocupante: la aparición de “porteros” y un nuevo tipo de jueces. En ciertos casos, personas con deudas recurren a estos “porteros” para cobrar lo adeudado, y se ha reportado que un exjefe mafioso actúa como juez, resolviendo disputas y haciendo cumplir sus decisiones a través de estos individuos.
Otro problema es la dificultad para iniciar acciones legales debido a la ineficacia en la entrega de citaciones judiciales. Los oficiales de la corte, en ocasiones, no realizan su trabajo adecuadamente o están implicados en corrupción. En un caso reportado, fue necesario cortar el suministro eléctrico para poder localizar y notificar a un inquilino moroso. Este tipo de tácticas, reminiscentes de Al Capone, plantean la pregunta: ¿es este el camino correcto?
Parte del problema también reside en los propios abogados que suelen solicitar aplazamientos, lo que se convierte en una práctica lucrativa debido a los honorarios cobrados por cada postergación. La falta de jueces o tiempo en los tribunales fomenta esta situación. Por ello, para montos adeudados menores a €1,000, muchas veces no se emprende acción legal debido a que los costos superan la cantidad reclamada.
A pesar de que situaciones similares ocurren en otros países como Italia y Estados Unidos, es sorprendente ver estos problemas en Chipre, un país pequeño donde casi todos se conocen. Se están realizando esfuerzos para mejorar esta situación, incluyendo la introducción de profesionales como árbitros y la participación del Colegio Técnico de Comercio como árbitro independiente en asuntos técnicos. Sin embargo, llevará años hasta que estas medidas sean efectivas y aceptadas por el público.
Mientras tanto, incluso las decisiones de arbitraje pueden ser apeladas ante un tribunal civil, lo que nos devuelve al punto de partida en cuanto a la eficiencia del sistema jurídico en Chipre.
Por Antonis Loizou F.R.I.C.S. – Antonis Loizou & Associates EPE – Real Estate Valuers & Estate Agents