Incumplimiento en la Declaración de Propietarios Efectivos Finales Podría Acarrear Multas Sustanciales
El Comité de Comercio de la Cámara de Representantes ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la declaración de los Propietarios Efectivos Finales (UBOs) que deben realizar las entidades corporativas. Según una directiva emitida por el Registrador de Empresas, todas las compañías debieron haber presentado sus datos actualizados de UBO antes del 31 de diciembre de 2023. Aquellas que no cumplieron serían sancionadas con multas de 200 euros el 1 de enero de 2024, y 100 euros por cada día adicional de incumplimiento. Sin embargo, tras numerosas quejas de la comunidad empresarial, se extendió el plazo hasta finales de marzo, plazo que ya ha transcurrido.
El presidente del comité, Kyriacos Hadjiyiannis (Disy), señaló que, aunque la mayoría de las empresas han cumplido, unas 30,000 aún no lo han hecho. El parlamento solicitó al gobierno convocar una reunión con todas las partes interesadas para discutir el asunto, pero su llamado fue ignorado. “En lugar de eso, [el gobierno] habla entre ellos, decide entre ellos, hace recomendaciones por sí mismos”, se quejó Hadjiyiannis. “Solo quieren dar órdenes y que la economía obedezca”.
Stavros Papadouris, diputado del partido Verde, citó datos proporcionados por el Registrador de Empresas: de las 202,000 empresas registradas, 163,000 han presentado sus UBOs actualizados. De las 39,000 restantes, alrededor de 10,000 están exentas de declarar sus UBOs porque solicitaron la eliminación del registro antes de la aprobación de la ley correspondiente o porque están en liquidación. Esto deja aproximadamente a 29,000 empresas aún en incumplimiento. Papadouris recordó que las personas asociadas con empresas no conformes –como accionistas, directores y administradores– son legalmente responsables.
“Nos gustaría saber más sobre estas compañías para entender cuál es el problema”, expresó el diputado. También recordó que la multa máxima por dicho incumplimiento puede alcanzar los 20,000 euros. En una discusión parlamentaria anterior, los diputados instaron a las autoridades a encontrar rápidamente una solución para evitar que Chipre reciba más publicidad negativa por la existencia de empresas fantasma, como ocurrió con la publicación de los Papeles de Panamá.
Al mismo tiempo, los legisladores expresaron su preocupación por que muchas pequeñas empresas familiares podrían verse “aplastadas” por las severas multas por no declarar a tiempo sus UBOs.
