La fiscalidad en California y el futuro de los impuestos
Los californianos se preparan para desembolsar miles de millones de dólares este mes al presentar sus declaraciones de impuestos federales y estatales, además de pagar la segunda cuota de sus impuestos sobre la propiedad. Individualmente y a nivel empresarial, los pagos a nivel federal ascienden a aproximadamente medio billón de dólares, incluyendo principalmente los impuestos sobre la renta personal, así como los destinados a la Seguridad Social y Medicare. A esto se suma otro medio billón pagado a gobiernos estatales y locales, abarcando los impuestos sobre la renta, ventas y propiedades.
Según la Tax Foundation, una organización con sede en Washington que monitorea las tendencias fiscales a nivel nacional, California se posiciona como el estado con los impuestos per cápita más altos del país, alcanzando los $7,200 por persona, lo que se traduce en alrededor de $280 mil millones al año. En relación con su economía de $4 billones, los $540 mil millones en impuestos estatales y locales colocan al estado en el quinto lugar más alto con un 13.5%.
Estas cifras, junto con el déficit presupuestario de miles de millones de dólares del estado, son el preludio de una guerra fiscal monumental que se avecina este año, incluyendo tres medidas electorales que podrían alterar drásticamente la política de fiscalidad en California. Mientras que el ala progresista del Partido Demócrata, apoyada fuertemente por sindicatos de empleados públicos, aboga por nuevos impuestos para mantener servicios esenciales, el gobernador Gavin Newsom ha rechazado públicamente los aumentos impositivos y propone un presupuesto que cierra el déficit con aplazamientos de gastos y maniobras contables.
La resistencia popular a los incrementos impositivos ha llevado a grupos empresariales y anti-impuestos, liderados por la Mesa Redonda de Negocios de California, a calificar una medida para la boleta de noviembre que haría mucho más difícil aumentar los impuestos estatales y locales. De ser aprobada, requeriría dos tercios de los votos para cualquier incremento de impuestos locales y sometería cualquier aumento de impuestos estatales a la aprobación de los votantes y a dos tercios de los votos por parte de la Legislatura.
La calificación de la medida ha desencadenado una guerra legal y política con Newsom y la Legislatura. Ambos han presentado una demanda esperando convencer a la Corte Suprema del estado de que la medida es una revisión constitucional y no una enmienda, lo que impediría su implementación por iniciativa. Mientras tanto, la Legislatura ha colocado su propia medida en la boleta que requeriría que la medida límite de impuestos empresariales obtenga también dos tercios de aprobación por parte de los votantes.
Este enfrentamiento ha estado gestándose desde la aprobación de la Propuesta 13 hace casi cinco décadas. Con miles de millones de dólares en juego, se espera que se gasten cientos de millones en campañas tanto a favor como en contra de las tres medidas interrelacionadas.
