El llamado a la reforma de las celdas de detención en Chipre
El presidente de la rama policial del sindicato Isotita, Nikos Loizidis, ha lanzado un llamado urgente para la abolición de las celdas de detención en las estaciones de policía. Durante una entrevista con Alpha TV el jueves, Loizidis describió una situación crítica debido al hacinamiento, señalando que las instalaciones actuales “ya no pueden manejar la cantidad de personas en juicio o en prisión preventiva”.
Este problema no es exclusivo de una sola localidad; estaciones de policía en todo Chipre están enfrentando la misma dificultad. Loizidis enfatizó que las instalaciones están “sobrecargadas” y que la raíz del problema es la falta de “un solo espacio donde estas personas puedan ser retenidas”.
El presidente sindical propuso la creación de celdas de detención construidas específicamente para albergar a personas en prisión preventiva y en juicio. Subrayó que las especificaciones para tales edificaciones deberían basarse en las directrices del Comité del Consejo de Europa para la prevención de la tortura. Sin embargo, lamentó que sus recomendaciones no están siendo atendidas: “No nos están escuchando”.
Loizidis cuestionó la práctica actual comparándola con estándares internacionales: “Fuera de Chipre, ¿qué estación de policía tiene exactamente dos celdas donde las personas se mantienen durante 24 horas seguidas y no cuenta con centros de detención?”. Además, argumentó que el personal policial no debería estar a cargo de vigilar las celdas, sino que esta tarea debería ser realizada por “profesionales que desempeñan esa tarea como su trabajo”.
El presidente sindical también hizo un llamado al gobierno para que esté dispuesto a invertir en la creación de nuevas celdas de detención, afirmando que “para encontrar soluciones, hay que pagar”. Las declaraciones de Loizidis se producen días después de que la defensora del pueblo, Maria Stylianou Lottides, emitiera un informe denunciando las miserables condiciones del centro de detención policial en Limassol. El informe describió que están superpobladas, tienen ventilación inadecuada y servicios sanitarios deteriorados. La instalación en Limassol tiene capacidad para albergar hasta 34 personas y se divide en tres alas: una para prisioneros, convictos y aquellos en espera de juicio; otra para menores y una más para detenidos administrativos.
