El Impacto de la Presión Fiscal en la Competitividad de las Empresas de Nueva Jersey
En el ámbito empresarial de Nueva Jersey, la presión fiscal es un tema que genera amplias discusiones. Un análisis reciente, presentado por Peter Chen de New Jersey Policy Perspective, pone en la mira a las corporaciones, instando a que paguen su “justa parte”. Sin embargo, este enfoque omite datos esenciales sobre lo que las empresas realmente aportan y cómo se comparan con otros estados.
Según el Council on State Taxation (COST), las empresas de Nueva Jersey abonaron $34.1 mil millones en impuestos estatales y locales en el año fiscal 22, representando el 45.3% de la carga tributaria total del estado. Este porcentaje supera la media nacional, donde las empresas contribuyen con aproximadamente el 40% del total. Estos números desafían la noción de evasión fiscal y destacan la alta contribución de las empresas locales.
Las empresas de Nueva Jersey no solo enfrentan la tasa impositiva corporativa más alta del país, sino también los impuestos a la propiedad más elevados, lo que plantea serias preguntas sobre la competitividad del estado. Antes del cese del recargo temporal del 2.5% al Impuesto sobre la Renta Corporativa, las grandes empresas pagaban una tasa impositiva del 11.5%, la más alta de la nación.
El gobernador Phil Murphy había prometido eliminar este recargo temporal, reconociendo la necesidad de mantener a las
Estados vecinos como Pensilvania y Nueva York están tomando medidas para ofrecer tasas impositivas corporativas más bajas y competitivas. Mientras tanto, las empresas de Nueva Jersey enfrentan incertidumbre y reconsideran inversiones importantes debido a políticas fiscales inestables.
La inversión y reinversión en Nueva Jersey se ven amenazadas por esta incertidumbre fiscal. Las empresas que habían proyectado sus finanzas para 2024 basándose en la promesa del gobernador ahora deben ajustar sus estados financieros, afectando negativamente sus balances y valor en bolsa.
Las repercusiones de un aumento masivo en los impuestos a las empresas son claras: menos competitividad, posibles reducciones de personal y costos adicionales que podrían trasladarse al consumidor. En un estado que busca ser más asequible para sus residentes, estas políticas parecen contradecir ese objetivo.
Por estas razones, se insta a la legislatura a considerar el impacto real de estas medidas en los creadores de empleo más grandes del estado y rechazar el incremento propuesto del Impuesto Corporativo para el Transporte que supera los mil millones de dólares.
