Auditor general cuestiona límites de autoridad en dictámenes

El papel del Contralor General en el debate de las pensiones

La figura del auditor general ha sido tradicionalmente vista como un baluarte contra la corrupción, exponiendo escándalos e irregularidades en el sector público. Sin embargo, recientemente se ha suscitado un debate sobre los límites de la autoridad de esta posición, particularmente en relación con la emisión de informes y opiniones sobre asuntos que podrían exceder su competencia oficial.

El miércoles pasado, tras la publicación de un informe de prensa acerca de los dictámenes jurídicos emitidos por el Servicio Legal sobre dos proyectos de ley gubernamentales relacionados con las pensiones múltiples y la edad de jubilación de los funcionarios, Odysseas Michaelides realizó una declaración pública extensa criticando estas opiniones. Además, anticipó que si los proyectos de ley del gobierno se aprobaban tal como estaban, serían anulados por los tribunales.

Michaelides fue más allá al afirmar que el gobierno no quería abordar el problema de los empleados públicos que cobran una pensión estatal mientras ejercen como funcionarios. La oficina del auditor general insinuó que esto se debía a que el presidente de la república estaba en la misma situación, aunque no lo dijo explícitamente. Esto plantea la pregunta: ¿Es realmente parte de las facultades del auditor general atribuir motivos a una decisión gubernamental, insinuando que se actúa de manera poco ética?

A diferencia de periodistas, comentaristas de redes sociales o políticos, que pueden expresar opiniones personales, un funcionario estatal debe ser objetivo y basarse en hechos. Más aún, tiene la obligación de mostrar respeto por otros servicios estatales. En este caso, el Servicio Legal, que es el asesor legal del estado, emitió su opinión sobre dos proyectos de ley preparados por el gobierno. La oficina del auditor no tiene autoridad ni experiencia para interferir y declarar públicamente incorrecto el consejo dado por el Servicio Legal.

No existe disposición alguna en la constitución que otorgue a la oficina del auditor la autoridad para decidir si la opinión del Servicio Legal es correcta o permita a la oficina emitir opiniones legales al gobierno. A pesar de ello, cuando un político cuestiona las acciones de la oficina del auditor, Michaelides amenaza con denunciarlos ante la asociación internacional de auditores por socavar su independencia. No obstante, parece no tener reparos en interferir en el trabajo del Servicio Legal.

Aunque Michaelides podría tener razón en su análisis de los dos proyectos de ley, debe comprender que el auditor general no tiene autoridad constitucional para emitir juicios sobre los dictámenes jurídicos emitidos por el Servicio Legal al gobierno, y que cualquier rebasamiento de los límites podría socavar la estructura misma del estado de derecho.