La Seguridad Económica y la Política Industrial en la Unión Europea
La seguridad económica se perfila como una de las máximas prioridades para la Comisión Europea en los próximos cinco años. Para fortalecerla, la Unión Europea está reconsiderando la política industrial, un concepto que hasta hace poco se veía con escepticismo. La intervención en el mercado para promover sectores y empresas estratégicas es ahora una herramienta clave, pero su uso debe ser prudente para que realmente impacte en el crecimiento económico de la UE.
Para garantizar la seguridad económica, se deben alcanzar dos objetivos principales. El primero es la ‘reducción de riesgos’. En un mundo donde la economía se fragmenta cada vez más, optimizar la producción basándose únicamente en el crecimiento y la maximización de beneficios no es racional. Las empresas deben también optimizar la longitud de sus cadenas de suministro, apostando por la diversificación y aumentando su resiliencia. La UE ha aprendido la importancia de diversificar, especialmente en factores de producción críticos como la energía, tras experimentar una considerable crisis energética.
Con esta lección aprendida, la UE está diversificando sus fuentes de energía y tomando conciencia de la necesidad de gestionar otras dependencias, especialmente las tierras raras y otros materiales críticos indispensables para su transición energética.
El segundo objetivo es lograr escala. Esto puede justificarse fácilmente, pero su implementación es más compleja. Tiene que ver con el modelo de crecimiento económico de la UE. ¿Cómo puede mantenerse competitiva en un mundo donde el tamaño importa? En China, por ejemplo, el capitalismo de estado permite al gobierno financiar empresas para su crecimiento. Al seleccionar industrias y compañías que impulsen el crecimiento económico, China interfiere en los mercados libres para lograr una producción masiva a bajos precios. Por otro lado, Estados Unidos lidera en innovación, beneficiándose de sinergias entre investigación universitaria y empresas, un sector público que impulsa la innovación por seguridad y defensa, y una gran disposición para asumir riesgos financieros.
La UE lucha por alcanzar esta escala. Con un mercado incompleto de bienes y servicios, un mercado bancario fragmentado y un mercado de capitales rudimentario, su única opción es identificar industrias estratégicas que impulsen el crecimiento económico y ayudarlas a desarrollarse. La defensa europea de mercados abiertos y libres ha complicado la adopción de esta idea.
A pesar de la oposición histórica de economistas a la idea de que el estado pueda elegir ’empresas ganadoras’, las políticas industriales globales han cambiado el debate hacia cómo aplicarlas eficientemente. El Fondo Monetario Internacional ha establecido tres directrices para cuando el apoyo gubernamental puede mejorar la productividad y beneficiar al consumidor: capacidad administrativa para diseñar e implementar políticas; no discriminación contra empresas extranjeras; y que las industrias objetivo generen beneficios sociales tangibles.
Las políticas industriales son, por tanto, arriesgadas. Su justificación requiere, como mínimo, beneficios sociales claros. La urgencia de la transición verde ofrece oportunidades en este sentido que la UE haría bien en aprovechar.
