Auditor General enfrenta Tribunal Supremo por conducta inapropiada

La solicitud de destitución del Auditor General ante el Tribunal Supremo

El Fiscal General George Savvides parece estar a punto de presentar una solicitud ante el Tribunal Supremo para la destitución del Auditor General Odysseas Michaelides por conducta inapropiada. A pesar de las críticas por parte del portavoz de la Oficina de Auditoría sobre la demora en la presentación del caso, insinuando que el anuncio del domingo pasado por parte del fiscal general adjunto era una táctica de intimidación, el Servicio Legal del estado no parece tener retorno en esta decisión.

Desde el entorno del auditor-general se ha especulado que el anuncio podría ser una estratagema de negociación del gobierno, que tiene planes de reformar tanto la Oficina de Auditoría como el Servicio Legal. El presidente Christodoulides anunció esta intención durante una conferencia de prensa hace varias semanas, lo que provocó una respuesta negativa por parte de Michaelides, quien argumentó que la reforma de la Oficina de Auditoría sería inconstitucional. Sin embargo, no se opuso a la reforma de la oficina del fiscal general, reforma que él mismo había solicitado.

El presidente Christodoulides, acertadamente, ha evitado involucrarse en la disputa, describiéndola como un “desarrollo muy desagradable”. Ha sido correcto mantenerse al margen ya que el fiscal general es un funcionario estatal independiente que no necesita la aprobación presidencial para sus decisiones. El bando de Michaelides ha intentado responsabilizar a Christodoulides, alegando que solo el presidente, quien lo nombró, podría iniciar una acción para el despido del auditor-general, quien según la constitución tiene derecho a permanecer en su puesto hasta la edad de jubilación.

Existe un precedente en el caso del ex Fiscal General Adjunto Rikkos Erotokritou, quien fue acusado de conducta inapropiada y fue el propio Fiscal General Costas Clerides quien actuó contra él y no el presidente que lo nombró.

En última instancia, un caso judicial es necesario para aclarar los límites de las autoridades del auditor-general. Michaelides ha actuado durante años como si no existieran tales límites y como si pudiera hacer lo que le plazca: emitir opiniones legales, ordenar a la tesorería que no pague pensiones, bloquear decisiones ejecutivas, intimidar públicamente a funcionarios y etiquetarlos de corruptos, entre otras acciones. El Tribunal Supremo, ahora probablemente definirá los límites de la autoridad del Auditor General. Si considerará que su conducta inapropiada justifica su destitución es otra cuestión.