Chipre fortalece la lucha contra el delito medioambiental
En un esfuerzo por intensificar la lucha contra el delito medioambiental, Chipre ha anunciado la creación de un grupo operativo dedicado a realizar inspecciones en nombre del departamento de medio ambiente. Este anuncio, realizado el martes, marca un hito importante, ya que Chipre es actualmente el único estado miembro de la UE que no cuenta con un cuerpo de este tipo, lo que ha generado competencia desleal y perjuicios para las empresas y entidades que sí cumplen con las regulaciones ambientales.
El nuevo grupo estará compuesto por 15 inspectores medioambientales, quienes tendrán jurisdicción sobre una amplia gama de actividades, instalaciones y ubicaciones donde se deben hacer cumplir las regulaciones ambientales. La decisión fue tomada inicialmente por el gabinete de ministros en noviembre de 2023, con el objetivo de cerrar una brecha sustancial en la implementación de la legislación verde. Este año se prevé la contratación de diez oficiales ambientales y cinco expertos técnicos, con planes de aumentar el número en los años siguientes, tras una solicitud del ministerio de agricultura para 55 puestos relacionados.
Esta medida parece ser una continuación de la promesa de campaña pre-electoral del presidente Nikos Christodoulides de “establecer y dotar de personal un servicio especial de supervisión ambiental [encargado de] verificar la implementación del amplio espectro de legislación ambiental y proteger […] la salud pública y el bienestar”. Además, responde a la obligación de la República de cumplir con el acervo ambiental de la UE y en preparación para la política de cero emisiones netas (no emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050) derivada del Green Deal.
En el contexto de reforzar la capacidad del ministerio para mantener la legislación ambiental, se han propuesto tres subdepartamentos especializados. El primero, con 14 empleados, se centrará en la contaminación del aire y las zonas industriales, supervisando sitios de combustión, emisiones de fábricas y reglas que rigen instalaciones no permitidas. El segundo, con 16 empleados, se ocupará de la gestión de residuos, incluyendo recolección, transporte, vertido, efluentes ganaderos y protección del suelo y agua. El tercer subdepartamento, con 15 personas, tratará sobre emisiones, incluyendo hallazgos razonados, asignación de derechos de carbono y sistemas colectivos.
La “policía verde” de la isla requerirá una estrecha cooperación y coordinación con varias autoridades, incluyendo la policía y el servicio legal, así como aduanas y autoridades de licencias, ya que el grupo operativo debe demostrar ser efectivo en investigar y llevar ante la justicia diversos casos de delito medioambiental. Se espera que la reestructuración sea una mejora significativa respecto a la configuración actual donde los inspectores son nombrados por el ministro tras una solicitud de auditoría, por directores repartidos en cuatro oficinas distritales que se esperan llevar a cabo una gama de funciones dispares.
Bajo el sistema actual, al no haber nadie entrenado o enfocado exclusivamente en realizar inspecciones, hay inconsistencia e inestabilidad, particularmente en casos prolongados, y sin el claro apoyo del brazo legal los inspectores pueden enfrentar presión e intimidación.
