El Futuro del Tipo del Impuesto de Sociedades y la Recompra de Acciones
En un reciente discurso en la Institución Brookings, Lael Brainard, directora del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, delineó los planes de la administración Biden para enfrentar los déficits presupuestarios. Con la proximidad de la caducidad de las rebajas fiscales de Trump en 2025, Brainard destacó la posibilidad de subidas de impuestos para las corporaciones y los contribuyentes más acaudalados.
La propuesta incluye un aumento del tipo del impuesto de sociedades al 28%, un incremento respecto al 21% actual, pero aún por debajo del 35% anterior a la legislación de 2017. Además, se mantendrían ciertos límites en las deducciones fiscales para hogares con ingresos superiores a $400,000 anuales.
Brainard reiteró el compromiso del presidente Biden de no incrementar los impuestos a hogares que ganen menos de $400,000, asegurando que su administración buscará reducir aún más los impuestos para trabajadores y familias, financiando estos recortes con mayores contribuciones de corporaciones y los más ricos.
En cuanto a la recompra de acciones, se plantea elevar el impuesto federal del 1% al 4%, con el objetivo de motivar a las corporaciones a invertir en sus trabajadores y en la economía en general, en lugar de realizar pagos a inversores. Esta medida tendría un impacto significativo en el sector bancario, donde las recompras son vistas con más favor que el aumento de dividendos.
A pesar de que cualquier paquete fiscal deberá ser negociado en el Congreso, la posibilidad de aumentar los impuestos corporativos podría ganar impulso político, dependiendo de los resultados de las elecciones de 2024. Los legisladores suelen ser reticentes a incrementar los impuestos a la mayoría de los individuos, y una medida como el impuesto a la recompra de acciones podría ser un compromiso aceptable para evitar aumentar el déficit federal o gravar a la base mayoritaria de sus votantes.
Las negociaciones fiscales también presentan una oportunidad para considerar legislaciones relacionadas con el sector bancario, como el Acta de Competencia de Tarjetas de Crédito, que tendría más posibilidades de ser relevante en un proyecto de ley fiscal que en otros ámbitos legislativos.