Reforma legislativa para vigilantes de seguridad en Chipre
El Gobierno de Chipre ha puesto en marcha una iniciativa para reformar la legislación que regula a los vigilantes de seguridad y a las empresas de seguridad privada. Esta revisión tiene como objetivo principal cerrar las brechas que permiten a individuos con licencias de seguridad privada colaborar con organizaciones criminales.
Actualmente, el proyecto de ley redactado por el Ministerio de Justicia y Orden Público se encuentra en proceso de consulta pública. El nuevo proyecto de ley otorga a los guardias de seguridad poderes similares a los de los agentes de policía, salvo el de portar armas de fuego, e incluye la realización de cacheos, el uso de perros detectores y el uso de uniformes.
Además, la nueva legislación incrementa las sanciones por incumplimiento y se espera que sea finalizada y votada por el Parlamento. En la actualidad, más de mil personas en Chipre trabajan como guardias de seguridad o poseen licencias de seguridad privada.
El proyecto redefine el término “guardia de seguridad” para distinguir entre aquellos que ofrecen servicios de seguridad y los expertos en seguridad técnica. Un guardia de seguridad con licencia podrá proporcionar servicios de vigilancia, protección o custodia de propiedades, instalaciones, seguridad personal, eventos, exposiciones, conferencias, competiciones o cualquier otro evento deportivo o de entretenimiento; transporte seguro y custodia de dinero, objetos valiosos y preciosos; control de pasajeros y equipaje en aeropuertos y puertos utilizando equipos especializados; y seguridad en centros de detención de migrantes.
Se requerirá una licencia técnica de seguridad separada para la instalación de sistemas de alarma, mientras que las licencias de investigador privado y transporte de efectivo cubrirán sus respectivas especializaciones. Además, el proyecto especifica quién puede entrenar a los guardias de seguridad, con el Jefe de Policía emitiendo licencias a individuos calificados o instituciones educativas.
Para evitar el mal uso del término “protección” como se ha visto en el pasado, el proyecto reemplaza este término por “seguridad personal”. Los guardias estarán autorizados a realizar búsquedas en las entradas de los recintos que custodian, tanto en el interior como en el exterior, junto con la vigilancia perimetral e inspecciones designadas por el Ministro de Justicia.
El uso de vehículos blindados para servicios de transporte de efectivo está sujeto a nuevas regulaciones, mientras que el uso de porras está prohibido excepto para aquellas aprobadas por el Jefe de Policía. Chalecos antibalas, cascos protectores u otro equipo necesario podrán ser autorizados caso por caso.
El proyecto también prohíbe métodos que puedan dañar o poner en peligro la seguridad pública. Se permite el uso de perros entrenados para rastreo o detección, pero deben cumplir con las leyes existentes sobre bienestar animal. Los perros sueltos solo están permitidos dentro de edificios vigilados o espacios cerrados con la señalización adecuada.
Tras la consulta pública, se presentará al Parlamento el proyecto finalizado para su aprobación.
