La esterilización forzada, un debate abierto en la Unión Europea
La práctica legal de la esterilización forzada en personas con discapacidad sigue siendo una realidad en Chipre y otros once países de la Unión Europea. A pesar de ser considerada una violación de los derechos humanos por muchos, existen voces que la defienden como una necesidad dolorosa.
Según declaraciones al Cyprus Mail, Christakis Nicolaides, jefe de la asociación de discapacidades (Kysoa), afirmó que la esterilización forzosa ocurre principalmente en personas con discapacidades intelectuales. Nicolaides reportó el caso de una mujer que fue sometida a este procedimiento después de dar a luz, sin su consentimiento explícito.
Además, Nicolaides advirtió sobre la realización de abortos en mujeres institucionalizadas, a menudo en combinación con la esterilización forzosa. Aunque los datos son escasos, el abuso y la violación en instituciones no son fenómenos desconocidos. Por otro lado, Iacovos Valanides, presidente de la asociación de padres y amigos de niños con necesidades especiales, expresó su preocupación por las violaciones en instituciones cerradas, aunque no ha tenido conocimiento directo de esterilizaciones forzosas.
El ginecólogo Dr. Gavriel Kalakoutis reconoció que dichas esterilizaciones ocurren “en raras ocasiones”, refiriéndose a un caso reciente donde una madre solicitó la esterilización de su hija para protegerla del acoso.
En el ámbito legal chipriota, la esterilización forzada es un delito penal, sin embargo, las leyes de salud mental permiten procedimientos intrusivos como la esterilización si el tutor legal lo consiente. Nicolaides califica esta práctica como “anacrónica” y propia de “las épocas oscuras del pasado”.
La activista española por los derechos de las personas con discapacidad, Cristina Paredero, fue víctima de esterilización forzosa a los 18 años tras ser diagnosticada con una forma de autismo. Paredero ayudó a redactar una ley en 2020 que prohíbe la esterilización forzada o coaccionada en España y ahora lucha por prohibir la práctica en toda la UE.
A pesar de que la Asociación Médica de Chipre no ha comentado al respecto, el último informe de derechos humanos de EE.UU. de 2023 especificó que “no hubo informes de aborto coaccionado o esterilización involuntaria”. Sin embargo, identificó que una ONG advirtió sobre “casos sospechosos de personas con discapacidades intelectuales sometidas a abortos mientras vivían en hogares para personas con discapacidades”.
Dimitris Parperis, psicólogo de la Asociación de Planificación Familiar de Chipre, subrayó que el miedo y la falta de educación adecuada sobre el sexo pueden llevar a los padres a buscar la esterilización forzada para sus hijos. Aunque no está al tanto de esterilizaciones forzosas actuales, señala que hoy en día no son aceptables considerando que existen alternativas menos invasivas.
El debate sobre la esterilización forzosa continúa abierto en Europa, mientras activistas y organizaciones luchan por erradicar una práctica que consideran arcaica y violatoria de los derechos fundamentales del individuo.
