Decisión del Fiscal General en el centro de la polémica
Los Diputados no han tardado en mostrar su descontento ante la postura del fiscal general, George Savvides, tras su decisión de no procesar al ex jefe de la brigada antidroga de la policía, Michalis Katsounotos, por negarse a responder preguntas de la Autoridad Anticorrupción. La controversia surge en medio de un conflicto entre el Servicio Legal y la Autoridad Anticorrupción, luego de que Katsounotos fuera convocado por un equipo de tres expertos legales designados por la autoridad para ser interrogado.
Katsounotos fue citado como parte de una investigación sobre presuntos conflictos de intereses del subfiscal general Savvas Angelides, pero insistió en que no estaba obligado a responder sus preguntas y se negó a hacerlo. En su momento, los expertos legales, dos abogados británicos y un abogado chipriota, sugirieron que la negativa de Katsounotos a hablar podría haberlo hecho penalmente responsable, pero el Servicio Legal se negó a iniciar procedimientos en su contra.
Durante la reunión del miércoles del comité de ética de la Cámara, la diputada de Akel, Irene Charalambidou, apoyó a la Autoridad Anticorrupción, señalando que “la ley otorga el derecho a guardar silencio solo en caso de autoincriminación”. “En este caso, simplemente se le convocó a Katsounotos para responder algunas preguntas. Es evidente por el anuncio de la autoridad que el fiscal general hizo un esfuerzo adicional para encubrir su decisión de no procesar a Katsounotos”, afirmó.
El jefe de la Autoridad Anticorrupción, Harris Poyiadjis, también fue invitado a hablar en el comité, expresando que su autoridad está “sufriendo” debido al incidente y la falta de enjuiciamiento. “No estamos realizando un interrogatorio, sino una investigación”, agregó.
Con esto en mente, Poyiadjis destacó la necesidad de un “mecanismo de cumplimiento” en tales procedimientos con respecto al Servicio Legal. Charalambidou intervino nuevamente al final del cuestionamiento, subrayando que el caso con respecto a Katsounotos es de “suma importancia”, ya que caerá en la misma esfera de influencia que el intento del Servicio Legal de remover al auditor general Odysseas Michaelides de su cargo.
Por su parte, la diputada de Volt, Alexandra Attalides, expresó su sorpresa ante la afirmación del fiscal general de que su decisión de no procesar a Katsounotos fue “en interés público”. Hizo un llamado para que se otorgue a la Autoridad Anticorrupción el poder de llevar a cabo sus propias investigaciones independientes, mencionando que se había presentado un proyecto de ley en 2022 pero aún no se había discutido.
