Una reciente decisión judicial ha sacado a la luz el uso de teléfonos móviles para orquestar supuestos crímenes desde el interior de las Cárceles Centrales. La Policía, amparada en una orden judicial de registro, recopiló información “altamente fiable” que reproducía con precisión las instrucciones dadas por un recluso a otra persona fuera de prisión para que cometiera un acto delictivo.
Según el fallo del Tribunal Supremo emitido el 20 de febrero, la Policía solicitó y obtuvo una orden de registro para la vivienda, bienes y vehículos de un individuo en busca de smartphones. Un investigador presentó una declaración jurada que incluía la siguiente información, registrada en la decisión del tribunal: El 31 de enero de 2024, se recibió información fiable que indicaba que un convicto de las Cárceles Centrales, durante una video llamada en griego desde su celda, instigó a otro sujeto a cometer un acto criminal contra una persona desconocida.
En este caso, la Policía está investigando delitos relacionados con conspiración para cometer un crimen, amenazas de violencia, participación en una organización criminal y aceptación de la comisión de crímenes.
Un ciudadano, representado por el abogado Christos Poutzouris, solicitó permiso al Tribunal Supremo para presentar una solicitud de emisión de un Mandato Judicial de Certiorari con el fin de anular la orden de registro emitida y una orden que prohíba a la Policía o al Fiscal General retener y/o procesar y/o difundir y/o utilizar cualquier dato de telecomunicaciones y/o contenido de documentos obtenidos en la ejecución de dicha orden hasta la resolución final de esta aplicación.
Los argumentos del solicitante para anular la orden de registro se basaron en ocho razones, alegando que el tribunal inferior carecía de jurisdicción y/o autoridad para emitir dicha orden ya que los elementos presentados en la declaración jurada no eran suficientes para establecer la sospecha razonable requerida.
La jueza Lena Dimitriadou-Andreou, tras analizar la jurisprudencia sobre las condiciones de entrada a una residencia, encontró un tema debatible y concedió permiso para presentar una solicitud que busque la emisión de un mandato de certiorari para anular la orden de registro. El caso ha sido programado para el 29 de febrero de 2024.
