La Corte Suprema de Estados Unidos ha ratificado la constitucionalidad del llamado “impuesto de repatriación obligatoria” (MRT, por sus siglas en inglés) en una decisión ajustada, declarando que el MRT grava los ingresos realizados —es decir, los ingresos obtenidos por la corporación offshore— y atribuye esos ingresos corporativos a los accionistas, gravando a los accionistas sobre sus porciones de esos ingresos.
El Caso Moore y la Argumentación Legal
Un equipo de abogados de BakerHostetler, liderado por los socios Andrew Grossman y Jeffrey Paravano, representó a Charles y Kathleen Moore ante la Corte Suprema de EE.UU., argumentando que la realización es necesaria para la imposición federal de ingresos conforme a la 16ª Enmienda y que el MRT era un impuesto sobre la propiedad, no sobre los ingresos. La Corte Suprema concluyó que “no necesita resolver” el desacuerdo entre las partes sobre la realización, dejando esos “posibles problemas para otro día”. Sin embargo, partes de la opinión mayoritaria, así como dos opiniones separadas, indican que una mayoría de los jueces desaprobaría un impuesto no prorrateado sobre la riqueza o la imposición federal de la apreciación no realizada de activos.
El MRT, promulgado como parte de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017, recaudó más de $300 mil millones en ingresos para el gobierno federal. El MRT considera que las ganancias y beneficios no distribuidos reinvertidos en el extranjero por ciertas empresas desde 1986 son “ingresos” en 2017 de ciertos accionistas estadounidenses.
Los Moore, en 2017, poseían alrededor del 13% de las acciones de KisanKraft, una corporación extranjera controlada que opera en India y se enfoca en la fabricación de equipos agrícolas de bajo costo. Los Moore afirmaron que los ingresos deben ser realizados para ser gravados sin prorrateo bajo la 16ª Enmienda y que el MRT les imponía, como accionistas, un impuesto no prorrateado e inadmisible sobre la propiedad. ¿Cómo podrían ser “ingresos” para un accionista estadounidense en 2017 los ingresos obtenidos hace 30 años por una corporación extranjera y reinvertidos en el extranjero por esa corporación en propiedad y equipo?, preguntaron los Moore.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito sostuvo que un “impuesto sobre la renta” no requiere que un “contribuyente haya realizado ingresos bajo la 16ª Enmienda”. La Corte Suprema acordó revisar esa decisión.
En una opinión mayoritaria redactada por el juez Kavanaugh, la Corte sostuvo que la 16ª Enmienda autoriza al Congreso a atribuir ingresos realizados por una entidad a sus propietarios en ciertas circunstancias: “Enfatizamos que nuestra decisión de hoy es limitada. Se limita a (i) la imposición a los accionistas de una entidad, (ii) sobre los ingresos no distribuidos realizados por la entidad, (iii) que han sido atribuidos a los accionistas, (iv) cuando la entidad misma no ha sido gravada sobre esos ingresos. En otras palabras, nuestra decisión se aplica cuando el Congreso trata a la entidad como una entidad de paso.”
Aunque la opinión mayoritaria, que representa las opiniones de cinco jueces, determinó que no es necesario resolver el tema de la realización en el caso Moore, también señaló específicamente que la Corte Suprema en Macomber “declaró que los ingresos requieren realización”. La opinión también se esfuerza por señalar que un “impuesto no prorrateado sobre las tenencias o propiedades de un individuo (por ejemplo, sobre su riqueza o patrimonio neto)” plantearía “problemas diferentes” al MRT. Además, la opinión concurrente del juez Barrett, a la que se unió el juez Alito, afirma que “[la] realización puede tomar muchas formas, pero nuestro precedente sostiene uniformemente que es necesaria antes de que el Gobierno pueda gravar una ganancia financiera sin prorrateo.” Y la disidencia del juez Thomas, a la que se unió el juez Gorsuch, afirma que “los ‘ingresos’ según la 16ª Enmienda incluyen solo los ingresos realizados por el contribuyente.” Así, la opinión mayoritaria reconoce que precedentes anteriores de la Corte Suprema requieren realización, y cuatro jueces declararon que sostendrían que la realización es necesaria para que los “ingresos” sean gravados como tales sin prorrateo.
La opinión mayoritaria también establece que nada en la opinión debe interpretarse como una sugerencia de que el Congreso podría gravar tanto a una entidad como a sus propietarios sobre los mismos ingresos, y que la Cláusula del Debido Proceso “proscribe atribuciones arbitrarias”, lo cual da a los profesionales fiscales algo en qué pensar sobre si algunos impuestos actuales podrían violar esa disposición.
El equipo de BakerHostetler en el caso Moore incluyó a los socios Grossman, Paravano, David B. Rivkin y la asesora Kristin A. Shapiro.
