El Tribunal Supremo rechazó el jueves un desafío a la constitucionalidad de la imposición de impuestos sobre los ingresos extranjeros en un caso respaldado por intereses empresariales y anti-regulatorios que afirmaban que la disposición era similar a un “impuesto sobre la riqueza”.
La decisión de 7-2, escrita por el juez Brett Kavanaugh, confirmó el impuesto de repatriación obligatoria, alineándose con la administración de Biden para mantener la disposición de la reforma fiscal corporativa de 2017. La ley impone un gravamen único sobre las ganancias no distribuidas de las acciones estadounidenses de corporaciones extranjeras mayoritariamente propiedad de residentes estadounidenses, y se espera que genere $340 mil millones.
El Caso Moore v. Estados Unidos
La decisión se deriva de un caso conocido como Moore v. Estados Unidos, presentado por Charles y Kathleen Moore, una pareja del estado de Washington que argumentó que el aumento de $15,000 en su factura fiscal, debido al impuesto, era inconstitucional porque gravaba ingresos no realizados.
“La pregunta es si ese impuesto de 2017 (conocido como el Impuesto de Repatriación Obligatoria o MRT) es constitucional bajo el Artículo I, §§8 y 9 y la Decimosexta Enmienda”, escribió Kavanaugh. “Los precedentes de larga data de este Tribunal establecen que la respuesta es sí”.
Kavanaugh enfatizó la “limitada” aplicación del caso, escribiendo que “nada en esta opinión debe interpretarse como una autorización a cualquier esfuerzo hipotético del Congreso para gravar tanto a una entidad como a sus accionistas o socios sobre los mismos ingresos no distribuidos realizados por la entidad”.
Joe Bishop-Henchman, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Nacional de Contribuyentes, dijo al Washington Examiner que el Tribunal Supremo emitió “una decisión limitada centrada en el impuesto internacional único que fue impugnado”.
“Pero el Tribunal deja claro que no está abriendo la puerta a un impuesto sobre la riqueza, que aún enfrentaría problemas constitucionales como un impuesto sobre la propiedad”, dijo Bishop-Henchman, cuyo grupo presentó un informe amicus en nombre de los Moore.
Defensa del Gobierno
Aunque el impuesto de 2017 fue promulgado bajo el ex presidente Donald Trump, la actual administración de Biden buscó defenderlo en los tribunales. Los abogados del gobierno argumentaron principalmente que la Decimosexta Enmienda permite al Congreso gravar los ingresos que las corporaciones extranjeras realmente recibieron, incluso si se atribuyeron a accionistas estadounidenses.
Durante los argumentos orales en el caso, la Procuradora General de EE.UU., Elizabeth Prelogar, sostuvo que mantener la ley de reforma fiscal corporativa evitaría interrupciones en el código tributario y evitaría lo que el gobierno advirtió podrían ser “varios billones de dólares” en ingresos perdidos.
La decisión del jueves apoyó la posición del gobierno de que el impuesto de repatriación obligatoria es un medio legítimo para evitar que los accionistas estadounidenses eviten impuestos al almacenar ganancias en corporaciones extranjeras.
