Un reciente artículo en la Vanderbilt Law Review planteó una pregunta fascinante sobre los crecientes vínculos entre la política fiscal corporativa y la estrategia de medio ambiente, social y gobernanza (ESG). A medida que nuevas regulaciones globales como la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) comienzan a exigir a las corporaciones que revelen más detalles que nunca sobre el impacto de sus operaciones en el medio ambiente y en las personas y lugares en los que operan, la idea de observar la estrategia fiscal corporativa a través de un lente de responsabilidad social no es tan descabellada.
¿Mayor escrutinio en finanzas y fiscalidad corporativa?
En muchos sentidos, esta convergencia entre las funciones de impuestos corporativos, finanzas y sostenibilidad ya ha comenzado. Por ejemplo, no fue casualidad que los nuevos estándares globales de sostenibilidad que gobiernan la forma en que las empresas informan los datos ESG a los reguladores fueran creados por un organismo de establecimiento de estándares que reside dentro de la Fundación IFRS, la misma organización responsable de establecer estándares contables globales. No sorprende que ese grupo, el Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad (ISSB), haya creado un conjunto de requisitos de divulgación ambiental y climática para grandes corporaciones que se parecen mucho a los requisitos de informes financieros. Estos incluyen cosas como informar riesgos ambientales detallados y cómo afectan directamente al balance corporativo.
Mundos colisionan
En pocas palabras, la introducción del ISSB hizo un vínculo directo entre los riesgos ambientales y los riesgos financieros, convirtiendo un tema sensible como la sostenibilidad en una métrica estandarizada al estilo contable financiero que todas las empresas deben rastrear de la misma manera. Al hacerlo, también forzó una colaboración más estrecha entre los equipos de sostenibilidad y cumplimiento y el departamento de finanzas y contabilidad, que ahora deben trabajar juntos para proyectar e informar los impactos finales de sus riesgos climáticos y de sostenibilidad.
En este contexto de colaboración más estrecha entre las funciones de sostenibilidad y finanzas y un mayor escrutinio de los riesgos financieros planteados por factores relacionados con ESG, no es difícil imaginar que la política fiscal corporativa también pueda ser examinada más detenidamente en el contexto más amplio de la sostenibilidad corporativa. Si, por ejemplo, una gran corporación se presentara como líder en ESG, destacando su gestión ambiental y enfatizando su impacto social positivo, podría parecer un poco incongruente si esa misma empresa fuera percibida como involucrada en estrategias de evasión fiscal.
Como señala el artículo de Vanderbilt Law Review, los impuestos han sido un punto ciego en la mayoría de las discusiones sobre la estrategia ESG corporativa hasta la fecha. Las principales agencias de calificación ESG no otorgan un peso significativo, si es que lo hacen, a la política fiscal corporativa. De hecho, la investigación encontró que muchas empresas con calificaciones de sostenibilidad en el rango A de los principales proveedores de calificaciones ESG también pagaron pocos o ningún impuesto sobre la renta federal, a pesar de tener ganancias sustanciales antes de impuestos en EE.UU.
Bienvenidos al nuevo orden mundial de transparencia fiscal
Si bien ese detalle puede haber sido pasado por alto por las agencias de calificación ESG, no es uno que será ignorado para siempre a medida que entramos en el valiente nuevo mundo del ESG, la sostenibilidad y la transparencia fiscal. Además del gran número de nuevos requisitos de informes de sostenibilidad que se están introduciendo en jurisdicciones de todo el mundo, las grandes corporaciones también están siendo obligadas a proporcionar un nivel de detalle en la divulgación fiscal nunca antes visto.
A finales del año pasado, los creadores de estándares contables en EE.UU. publicaron reglas largamente esperadas que requieren que las empresas divulguen los impuestos sobre la renta pagados a todos los gobiernos federales, internacionales y estatales, netos de reembolsos recibidos. Si alguna jurisdicción representa más del 5% del total de la obligación tributaria, las empresas deberán enumerarlas individualmente, según la actualización del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera. Al igual que los requisitos mencionados anteriormente para los informes de sostenibilidad, este esquema de informes fiscales país por país obliga a una divulgación estandarizada que expondrá a las empresas al escrutinio si sus números no coinciden con sus historias.
Si, hipotéticamente, una empresa estadounidense informa mayores ingresos en un país extranjero con bajas tasas impositivas corporativas, a pesar de tener una mayor presencia física en EE.UU., los críticos pueden comenzar a cuestionar la responsabilidad social de la política fiscal de esa empresa. Una vez que ese tipo de preguntas entren en el discurso público, la óptica también podría socavar su reputación por responsabilidad social.
Lo que esto significa para las empresas que intentan navegar por las dinámicas cambiantes de sostenibilidad y transparencia es que la evidencia lo es todo. Ya no es suficiente para una empresa mantener una percepción de sostenibilidad o política fiscal responsable con marketing, publicidad y comunicados de prensa. Necesitarán respaldarlo, con cifras concretas, con hechos sólidos que sustenten sus narrativas externas.
