La conformidad con el impuesto sobre las ventas es una incógnita en los Estados Unidos. Calcular la brecha fiscal—la diferencia entre los impuestos recaudados y los impuestos adeudados—en el impuesto sobre las ventas y el uso es mucho más difícil que la brecha del impuesto sobre la renta. Para el impuesto sobre la renta, hay fuentes secundarias de información disponibles de los empleadores; en el impuesto sobre las ventas, no existe una función regular por la cual los consumidores informen sus transacciones o un cálculo que se pueda hacer de qué impuestos deberían haberse recaudado y remitido, pero no lo fueron.
Gracias a la naturaleza del impuesto sobre las ventas y a una falta general de transparencia fiscal, no podemos saber con certeza qué contribuyentes corporativos están, y cuáles no, recaudando y remitiendo el impuesto sobre las ventas. A menudo, nos damos cuenta por primera vez de la recaudación del impuesto sobre las ventas en transacciones cuando una corporación anuncia que comenzará a hacerlo. La subsidiaria de Microsoft Corp., GitHub, anunció a finales del mes pasado que comenzaría a recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas en agosto. Se necesita más transparencia.
Hay una carga administrativa sustancial impuesta a las empresas que buscan cumplir con las políticas estatales fragmentadas. GitHub tuvo $1 mil millones en ingresos en 2023 y tiene más de 1.3 millones de suscriptores pagos, pero las empresas más pequeñas con menos recursos gastarán un porcentaje mayor de su capital operativo navegando por las aguas de la política estatal.
Cumplimiento Post-Wayfair
La decisión de la Corte Suprema de EE.UU. en 2018 en South Dakota v. Wayfair alteró el panorama del impuesto sobre las ventas y el uso al permitir que los estados requieran que las empresas recauden y remitan el impuesto sobre las ventas independientemente de la presencia física en el estado. La decisión buscó nivelar el campo de juego entre las tiendas con presencia física y sus competidores solo en línea.
Wayfair estableció umbrales amplios, pero los estados son libres de promulgar su propia legislación específica sobre el impuesto sobre las ventas y el uso dentro de ellos. El resultado es un mosaico de diferentes políticas fiscales que hace que el campo de juego para las pequeñas empresas sea cualquier cosa menos nivelado.
A menudo, los costos financieros y administrativos de desarrollar sistemas de cumplimiento son un costo sustancial para una nueva empresa. Las empresas más pequeñas especialmente pueden tener dificultades con estas cargas, y existe una industria artesanal de servicios que existen únicamente para resolver estos cálculos. Una encuesta de Avalara/Potentiate encontró que las pequeñas y medianas empresas gastan en promedio $2,455 por mes en el cálculo del impuesto sobre las ventas, además del impuesto que remiten.
Las corporaciones como GitHub anunciando que comenzarán a recaudar el impuesto sobre las ventas sugiere que existe alguna brecha en el impuesto sobre las ventas y el uso estatal, incluso si no podemos ponerle un valor específico.
Campo de Juego Nivelado
Los estados deberían considerar seguir el objetivo declarado del IRS de centrar la atención de auditoría y cumplimiento en las corporaciones. De lo contrario, los estados pueden estar dejando una cantidad considerable de dinero sobre la mesa al no hacer cumplir los umbrales del impuesto sobre las ventas en los servicios y, en cambio, esperar a que las empresas cumplan voluntariamente.
Post-Wayfair, cada estado con un impuesto sobre las ventas ahora tiene una política que refleja un requisito de nexo económico. Estados como Hawái, Nuevo México y Dakota del Sur gravan casi todos los servicios, incluidos los electrónicos, y sin una aplicación diligente pueden estar perdiendo ingresos significativos de corporaciones no conformes.
Los servicios digitales como los proporcionados por Twitter/X Premium, ChatGPT Plus, Dropbox y Snapchat+ están sujetos al impuesto estatal sobre las ventas en muchas jurisdicciones y los proveedores de servicios deben recaudar y remitir esos montos en nombre de los usuarios.
Las grandes corporaciones con bases masivas de usuarios pueden quedarse atrás respecto a las pequeñas empresas en mantenerse al día con el cambiante panorama del cumplimiento del impuesto sobre las ventas y el uso. Esto puede deberse al simple hecho de que el número de jurisdicciones en las que deben calcular, recaudar y remitir impuestos sobre las ventas y el uso es mucho mayor. A pesar de esto, las empresas más grandes son las más capaces de soportar la carga administrativa del cumplimiento, y se les debe exigir que lo hagan.
Las corporaciones que eligen cuándo comenzar a recaudar impuestos sobre las ventas y el uso ponen a las empresas conformes en desventaja competitiva durante el tiempo intermedio. El resultado es un entorno empresarial sesgado, con muchas pequeñas empresas esforzándose por asegurar una adherencia perfecta mientras sus contrapartes corporativas más grandes eligen una fecha para comenzar a cumplir.
Enfoque Proactivo
Para abordar potencialmente a las corporaciones no conformes, los departamentos estatales de ingresos deben implementar auditorías dirigidas comenzando con las corporaciones más grandes; aumentar las sanciones para las corporaciones que no cumplan, incluidas estimaciones de impuestos atrasados adeudados; y proporcionar apoyo a las pequeñas empresas que buscan cumplir con sus obligaciones.
Al comprometerse nuevamente con el cumplimiento corporativo y dirigir parte de los ingresos adicionales hacia proyectos que puedan ayudar a las pequeñas empresas a calcular los impuestos que necesitan recaudar, los estados pueden hacer dos cosas a la vez.
Con una financiación adecuada, los departamentos estatales de ingresos podrían proporcionar bases de datos de tasas impositivas estatales y locales y una interfaz de programación de aplicaciones que terceros puedan usar para fines de cálculo automatizado.
Esto eliminaría un punto importante de costo para las pequeñas empresas y podría proporcionarles un puerto seguro. Los impuestos recaudados y remitidos consistentes con los cálculos realizados por el software estatal se presumirán de buena fe para fines de sanciones por fraude.
La mayoría de las tasas del impuesto estatal sobre las ventas oscilan entre el 5% y el 7%, y 45 estados tienen políticas estatales de impuestos sobre las ventas y el uso. Aproximadamente 30 estados tienen un impuesto sobre las ventas que se aplica a los servicios digitales.
Para fines ilustrativos, imaginemos TaxHub, una plataforma ficticia de desarrollo de software que tuvo $1 mil millones en ingresos en EE.UU. en 2023. Si TaxHub vio que el 60% de sus ingresos provienen de servicios que son imponibles, eso significaría que a una tasa promedio del impuesto sobre las ventas del 5%, debería haber recaudado $30 millones en nombre de sus usuarios y remitido lo mismo a los correspondientes departamentos estatales de ingresos.
Distribuidos en 30 estados, eso es un promedio de $1 millón de impuestos sobre las ventas por estado solo de ese comerciante. Aunque los departamentos estatales de ingresos están persiguiendo restaurantes y establecimientos minoristas que sospechan están suprimiendo ventas, podrían ver un retorno mucho mayor en su inversión en cumplimiento simplemente apuntando a grandes proveedores de servicios tecnológicos.
El ejemplo ficticio de TaxHub muestra por qué los estados deberían comenzar a escrutar a otros proveedores de servicios tecnológicos y hacer cumplir la adherencia de esas compañías a las leyes del impuesto sobre las ventas y el uso. Esto aseguraría contribuciones justas a los presupuestos estatales y nivelaría el campo para pequeñas y medianas empresas que luchan por cumplir, creando un ciclo virtuoso de un entorno empresarial amigable y mayores ingresos fiscales.
