Reautorización del Programa de Vigilancia en EE.UU.
En una sesión que se extendió hasta altas horas de la noche del viernes, el Senado de Estados Unidos votó a favor de la reautorización de un programa de vigilancia que ha generado controversia a lo largo de los años. La decisión se tomó justo antes de la medianoche, momento en el cual el programa habría expirado sin dicha acción legislativa.
Los defensores del programa han calificado esta reautorización como un elemento clave para las operaciones de recopilación de inteligencia extranjera del país. “Demócratas y republicanos se unieron y tomaron la decisión correcta por la seguridad de nuestro país”, afirmó el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer. “Todos sabemos una cosa: dejar expirar FISA sería peligroso. Es una parte importante de nuestra seguridad nacional, para detener actos de terror, tráfico de drogas y extremismo violento”.
A pesar de su importancia para la seguridad, el Acta de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés) ha sido objeto de críticas tanto por parte de legisladores republicanos como demócratas. Estos críticos sostienen que el programa infringe el derecho constitucional a la privacidad de los estadounidenses. En los últimos cinco meses, el proyecto de ley fue bloqueado tres veces por republicanos de la Cámara que desafiaron a su partido, antes de ser aprobado la semana pasada por un voto de 273-147, reduciendo su duración de cinco a dos años.
La Casa Blanca, jefes de inteligencia y los principales legisladores del Comité de Inteligencia de la Cámara han advertido sobre los efectos potencialmente catastróficos de no llevar a cabo la reautorización del programa, creado tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Aunque el derecho a la privacidad está consagrado en la Constitución de EE.UU., los datos de ciudadanos extranjeros recopilados por el programa a menudo incluyen comunicaciones con estadounidenses y pueden ser utilizados por organismos nacionales de aplicación de la ley como el FBI sin una orden judicial.
Esta situación ha causado alarma tanto en republicanos intransigentes como en demócratas del ala más izquierdista. Revelaciones recientes sobre el uso de este poder por parte del FBI para buscar información sobre manifestantes del movimiento Black Lives Matter, donantes de campañas congresionales y legisladores estadounidenses han generado más dudas sobre la integridad del
