Enfrentamiento entre el Tribunal de Cuentas y el Servicio Jurídico
El Tribunal de Cuentas ha tomado la decisión de informar a la Comisión Europea y a la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) sobre una serie de acusaciones que incluyen amenazas, actos de venganza y esfuerzos para lograr la destitución del auditor general. Esta medida surge tras un intenso enfrentamiento entre dos instituciones independientes, que se desató después de que el vicefiscal general, Savvas Angelides, sugiriera en una entrevista con Kathimerini que se debería investigar al auditor general, Odysseas Michaelides, y que el Tribunal Supremo debería decidir si procede su destitución.
Angelides criticó a Michaelides por falta de objetividad y autocontrol, y por dirigir ataques deliberados contra ciertas instituciones y funcionarios. Estas declaraciones se publicaron el domingo pasado. Por su parte, el presidente Nikos Christodoulides intervino el lunes, asegurando que no tiene planes de suspender al auditor general ni de influir en sus acciones. Christodoulides calificó la situación entre el Servicio Jurídico y el Tribunal de Cuentas como “muy desagradable” e instó a ambas partes a cooperar conforme a la constitución.
El informe presentado ante Intosai y la Comisión Europea se basa en el Principio 2 de la Declaración de México, que se centra en la independencia de los jefes y miembros de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, incluyendo la seguridad en el cargo e inmunidad legal. El subsecretario de gobierno, Yiannis Antoniou, describió el asunto como “puramente legal y no político”.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha descrito las declaraciones de Angelides como un acto de venganza, ya que Michaelides señaló presuntas acciones del vicefiscal general para absolver a un cliente de su antiguo bufete de abogados de procesamiento penal. Marios Petrides, portavoz del Tribunal de Cuentas, hablando con CyBC el lunes, afirmó que tanto el fiscal general como su adjunto estaban planeando deshacerse de Michaelides “por venganza”.
“Esta es una amenaza que fue expresada por el propio fiscal general hace meses, específicamente el 7 de septiembre”, dijo Petrides, añadiendo que la represalia se producía tras destacar el Tribunal de Cuentas las presuntas acciones del vicefiscal general para absolver a un cliente de su antiguo bufete de abogados. Petrides agregó: “Promover la venganza contra personas que presentan quejas ante la Autoridad Anticorrupción constituye un delito”. Aseguró que ya se había establecido que el auditor general había presentado la queja a la autoridad de buena fe.
