El auditor general solicita investigación sobre el comisario de Auditoría Interna
El auditor general ha instado al gabinete a investigar al comisario de Auditoría Interna por una posible negligencia en el desempeño de sus funciones, al no manejar adecuadamente las acusaciones de conflicto de intereses dentro de su departamento, según un informe publicado el lunes.
La Oficina de Auditoría presentó su informe especial sobre el Servicio de Auditoría Interna, un órgano independiente dirigido por un comisario. En él, el auditor general alega que el comisario de Auditoría Interna “rebajó” una queja presentada contra un funcionario del servicio, al no actuar sobre la queja y, por lo tanto, no cumplir con sus deberes según la ley.
El caso se refiere a un funcionario del Servicio de Auditoría Interna, acusado de haber utilizado a su esposa como ‘fachada’. Se dice además que el hombre incurrió en un conflicto de intereses, situación ante la cual su jefa debería haber actuado pero no lo hizo.
El empleado masculino del Servicio de Auditoría Interna posee supuestamente un 67 por ciento de participación en una empresa, pero su esposa está registrada como la accionista. El auditor general está convencido de que la esposa está siendo utilizada como ‘fachada’, ya que ella es maestra de jardín de infantes mientras que la empresa se dedica a la ciber tecnología. Su esposo, que trabaja en el Servicio de Auditoría Interna, es especialista en ciberseguridad.
El problema es que el mismo hombre forma parte de un consejo de aseguramiento de calidad para un proyecto público. Se entiende que el proyecto/contrato fue otorgado por el Viceministerio de Investigación, Innovación y Política Digital, y está relacionado con la ciberseguridad.
Como tal, el funcionario tiene voz sobre los entregables de la empresa que obtuvo el contrato. En resumen, supervisa la ejecución del contrato. Dado que la empresa de su esposa es competidora directa en esa industria, el auditor general califica esto como un conflicto de intereses.
El asunto había sido llevado a la atención del auditor general, pero también al propio Servicio de Auditoría Interna, por un bufete de abogados que representa los intereses de la empresa que obtuvo el contrato público.
Después de que se agitara el asunto, el funcionario en cuestión no negó su participación en la empresa de su esposa. Pero le dijo a su jefa –la Comisaria de Auditoría Interna– que su papel en el consejo de aseguramiento de calidad era meramente asesor.
El viceministro correspondiente, mientras tanto, había contactado al Comisario de Auditoría Interna, buscando una explicación. En su respuesta, la comisaria dijo que no detectó ninguna conducta inapropiada por parte del funcionario y elogió sus cualidades como excelente profesional. También informó al viceministro que no estaba en posición de saber qué hace su subordinado en su tiempo libre.
La comisaria también informó al bufete de abogados que presentó la queja que el funcionario actuó solo como observador en el proyecto público y que no tenía capacidad ejecutiva ni derecho a voto.
Habiendo sido informado de todo esto, el auditor general escribió al ministerio de finanzas, expresando su sorpresa por la forma en que la Comisaria de Auditoría Interna había manejado el asunto. El auditor general dijo que, como mínimo, la comisaria debería haber sido objeto de procedimientos disciplinarios por negligencia en el desempeño de sus funciones.
Mientras tanto, a finales de octubre de 2023, el Viceministro de Investigación, Innovación y Política Digital informó por escrito a la comisaria que ya no deseaba que el funcionario prestara servicios asesores. La comisaria entonces prohibió al hombre participar en dicha actividad.
Por otro lado, el ministerio de finanzas comunicó al auditor general que no compartía su visión sobre la conducta del comisario.
Sin embargo, la Oficina de Auditoría insiste en que el asunto no está cerrado. En el expediente, pide al gabinete -que nombró al comisario- investigar una posible “conducta impropia” o negligencia en el desempeño de sus funciones.
Establecido por ley en 2003, el Servicio de Auditoría Interna es una agencia independiente encargada de verificar la adecuación de los sistemas de auditoría interna en toda la administración pública.
