La Unión Europea toma medidas contra el trabajo forzado
En un movimiento significativo, el Parlamento Europeo aprobó el martes normas que prohíben la venta, importación y exportación de productos fabricados con trabajo forzado dentro de los países miembros de la UE. La medida se debe a la preocupación por las violaciones de los derechos humanos en la provincia china de Xinjiang, donde legisladores de la UE han expresado alarma por la situación de los musulmanes uigures.
Este paso sigue a una ley similar promulgada por Estados Unidos en 2021, que busca proteger su mercado de productos potencialmente manchados por abusos de derechos humanos en Xinjiang, una región conocida por ser un importante productor de algodón y un proveedor clave de materiales para paneles solares. China, por su parte, niega las acusaciones de abusos en Xinjiang.
El funcionamiento de esta nueva regulación será a través de las autoridades nacionales de los 27 países del bloque o la Comisión Ejecutiva, quienes tendrán la capacidad de investigar bienes sospechosos, cadenas de suministro y fabricantes. Las investigaciones preliminares deberán concluirse en un plazo máximo de 30 días laborables. En caso de que se determine que un producto ha sido fabricado mediante trabajo forzado, se prohibirá su venta en el mercado de la UE y los envíos serán interceptados en las fronteras del bloque.
María-Manuel Leitao-Marques, miembro portugués de la Alianza de Socialistas y Demócratas en el Parlamento, destacó: “Hoy en día, 28 millones de personas en todo el mundo están atrapadas en manos de traficantes humanos y estados que las obligan a trabajar por poco o ningún salario. Europa no puede exportar sus valores mientras importa productos hechos con trabajo forzado. El hecho de que la UE finalmente tenga una ley para prohibir estos productos es uno de los mayores logros de este mandato”.
El Parlamento Europeo aprobó la ley con una amplia mayoría de 555 votos a favor, seis en contra y 45 abstenciones. Aunque aún requiere la aprobación de los países de la UE para entrar en vigor, este paso suele ser una formalidad que aprueba las leyes sin cambios. Los países miembros tendrán que comenzar a aplicar la ley dentro de los tres años siguientes.
