Escándalo de Pensiones en la Mira del Gobierno y Auditores
El tema de las pensiones ha sido un punto de discordia durante años, especialmente cuando se reveló que funcionarios del estado y políticos cobraban múltiples pensiones que superaban los €10,000 mensuales. A pesar de los intentos por racionalizar estas cifras exorbitantes, las decisiones judiciales han protegido las pensiones como un derecho de propiedad del receptor, imposibilitando su cancelación.
Esta misma lógica legal se aplicó cuando se trató de impedir que individuos nombrados para un cargo estatal recibieran simultáneamente un salario estatal y una pensión estatal. Actualmente, el presidente y su ministro de finanzas disfrutan de este privilegio. No obstante, el gobierno ha preparado propuestas de ley para racionalizar la situación bajo la presión pública. Por su parte, el auditor general mostró su desacuerdo con estas medidas y preparó seis propuestas de ley propias, que serían presentadas a la Cámara por diputados de cuatro partidos diferentes.
Una séptima propuesta fue elaborada por la diputada de Akel, Irini Charalambidou, la cual plantea que cualquier pensión que exceda los €70,000 anuales sea gravada con un impuesto del 90%. Es decir, a pesar de todas estas propuestas de ley, las múltiples pensiones seguirían pagándose si los ingresos por pensión de algunos funcionarios superan los €70,000 al año.
Mientras tanto, diputados de Diko y Disy, frustrados por las restricciones legales para racionalizar las pensiones, propusieron la idea de nombrar y avergonzar a los funcionarios del estado que se negaran a donar su pensión estatal mensual a una organización benéfica mientras cobran un salario estatal.
Varias leyes que intentan regular esta cuestión han sido declaradas inconstitucionales por el tribunal supremo. Aunque no se pueda actuar retroactivamente debido a que las pensiones estatales han sido consideradas propiedad personal por los tribunales, el estado podría rediseñar las reglas de las pensiones estatales estableciendo un límite máximo a lo que se podría pagar de ahora en adelante. Nadie debería recibir una pensión estatal antes de alcanzar la edad de jubilación, que es a los 65 años. ¿Por qué entonces exministros, diputados y nombrados en comisiones estatales reciben una pensión estatal a los 60? La respuesta es clara: la clase política siempre ha velado por los intereses de sus miembros.
Es poco realista esperar que los beneficiarios de estos privilegios voten por su abolición. Por esta razón, es probable que las múltiples pensiones y otros beneficios de la clase política nunca terminen, sin importar cuántas propuestas de ley se presenten en la Cámara para su discusión.
