Rechazo unánime a la ley de nombramientos policiales
En una sesión plenaria que tuvo lugar el viernes, la Cámara de Representantes desestimó por unanimidad la remisión del presidente sobre la ley que otorgaba al jefe de policía el poder de nombrar a una persona de su elección como miembro especialista de la fuerza. La propuesta, redactada por el diputado de Edek, Costis Efstathiou, y aprobada por la Cámara el 11 de abril, fue considerada inconstitucional en varios aspectos por el servicio legal del estado, que aconsejó al presidente devolverla.
Esta ley peculiar se refiere específicamente a ‘rescatistas’ y ‘operadores de grúa’ en aeronaves policiales, quienes podrían convertirse en oficiales sin seguir los procedimientos normales de contratación, ni contar con las calificaciones educativas requeridas para otros solicitantes; el jefe también tendría el poder de promover a estos llamados oficiales especialistas. El jefe necesitaría la aprobación del ministro de justicia y orden público para realizar los nombramientos, como si esto legitimara un procedimiento irregular.
Curiosamente, la ley es una versión modificada de una ley que fue aprobada por la legislatura en 2021 y declarada inconstitucional por la corte suprema. Los cambios no habían corregido sus aspectos inconstitucionales, argumentó un representante del ministerio de justicia en una reunión del comité de asuntos legales de la Cámara el miércoles. Había disposiciones contradictorias y conflictivas, mientras le daba al jefe el poder de tratar favorablemente a miembros específicos de la fuerza. A través de la ley, se argumentó, la legislatura había usurpado las autoridades del ejecutivo, al cual pertenece el poder de hacer nombramientos.
Es difícil creer que la legislatura convocó una sesión plenaria extraordinaria, estando en receso, para votar sobre la remisión del presidente en un asunto tan increíblemente trivial. ¿Es realmente una cuestión de urgencia e importancia nacional que el jefe de policía pueda nombrar y promover a ‘operadores de grúa’ y rescatistas? ¿Este poder hará que la fuerza policial sea más efectiva y refuerce la aplicación de la ley? ¿La promoción de ‘operadores de grúa’ hará que la policía esté mejor preparada para luchar contra el crimen organizado?
Hay más que suficiente favoritismo en la fuerza sin dar al jefe de policía una excusa para practicarlo abiertamente. ¿Cuál es el razonamiento detrás de legislar un tratamiento preferencial para los ‘especialistas’ policiales? Quizás haya algo que nos estamos perdiendo aquí, pero parece que el enfoque más racional sería que la policía capacitara a algunos de sus oficiales como ‘operadores de grúa’ y ‘rescatistas’, para que no sea necesario contratar a personas externas para el trabajo. Parece que ningún diputado había pensado en esta opción, prefiriendo en cambio violar la constitución y configurar un enfrentamiento entre el ejecutivo y la legislatura.
Y todo esto, por un asunto ridículamente inconsecuente que ni siquiera merecía discusión. En cambio, los partidos políticos parecen decididos a desperdiciar el valioso tiempo del tribunal supremo, sabiendo muy bien que el ejecutivo ganará el caso.
