Investigación por error de transfusión tras el fallecimiento de una mujer
La comunidad de Nicosia se encuentra conmocionada tras la muerte de Ayla Dalgalan, una profesora jubilada de 56 años, después de recibir una transfusión sanguínea del tipo incorrecto. La policía turcochipriota informó el domingo que Dalgalan había estado en cuidados intensivos en el hospital Near East antes de su fallecimiento el sábado por la noche.
El hospital Near East aclaró que Dalgalan había estado en la unidad de cuidados intensivos durante 12 días, tras ser transferida de otro hospital donde ya había recibido una transfusión del tipo de sangre equivocado. Se reveló más tarde que la
La Unión de Profesores Turcochipriotas (Ktos) ha pedido que se investigue lo que describen como “una situación sospechosa que costó la vida de una persona”. Mientras tanto, los familiares de Dalgalan han anunciado que emprenderán acciones legales, y la Asociación Universal de Derechos del Paciente del norte (EHHD) expresó que están “listos para brindar todo el apoyo posible en su lucha”.
La EHHD señaló que la muerte de Dalgalan “no es solo el resultado de un error o negligencia por parte del personal, sino el resultado de una serie de problemas en muchas etapas de los servicios de salud pública”. Además, mencionaron que a medida que los problemas económicos del norte aumentan, más personas recurren a los servicios de salud pública, pero “es evidente que los hospitales públicos no han fortalecido su infraestructura y personal en la misma medida”.
La combinación de trastornos organizativos y deficiencias en el sistema sanitario del país con la falta de legislación para proteger los derechos del paciente ha creado un ambiente generalizado de miedo y desconfianza hacia los servicios de salud entre la sociedad. “Nadie puede sentirse seguro a menos que se protejan los derechos de los pacientes y se haga justicia”, añadieron desde la EHHD.
Como posible referencia para una ley en el norte, se considera la Carta Europea de Derechos del Paciente, que incluye un total de 14 derechos y fue redactada por la Unión Europea en 2002 con la intención de formar parte de la “Constitución Europea”, más tarde diluida como el Tratado de Lisboa.
