Avances en el sistema de desactivación de teléfonos móviles en prisiones centrales
El ministro de Justicia, Marios Hartsiotis, informó a los miembros del parlamento el jueves pasado sobre la implementación de un nuevo sistema de desactivación de teléfonos móviles en las inmediaciones de las prisiones centrales. Durante una sesión del comité de auditoría de la Cámara, donde se discutió el informe anual del auditor general sobre el ministerio de justicia, Hartsiotis abordó diversos temas relacionados con la aplicación de la ley y el sistema legal.
Al ser cuestionado acerca del uso de teléfonos móviles por parte de los reclusos en las prisiones centrales, el ministro admitió que el sistema anterior había presentado problemas y aseguró que el proceso de instalación del nuevo sistema debería estar listo en un año o, a más tardar, en 18 meses. Este nuevo sistema busca prevenir que los internos mantengan comunicaciones clandestinas con el exterior.
La decisión de instalar un sistema de desactivación del teléfono de la cárcel data del año 2015. Sin embargo, tras una serie de aplazamientos y la obsolescencia del sistema debido a la aparición de la tecnología 5G, se firmó un nuevo contrato en febrero de 2021 para actualizar el sistema, con plazos que tampoco se cumplieron.
En cuanto al problema crónico de superpoblación en las prisiones, Hartsiotis destacó que se están tomando medidas para aliviar la situación. Se está construyendo un nuevo edificio en el sitio de la prisión abierta, con finalización prevista para octubre de este año, lo que permitirá transferir a unos 240 reclusos. Además, se planea construir un complejo penitenciario completamente nuevo para 2027.
El ministro también reveló que el ministerio de justicia comenzará pronto la redacción de una legislación sobre el funcionamiento de la oficina del fiscal general, basándose en un estudio encargado por el gobierno. “El esfuerzo ahora por cambiar este modelo representa uno de los asuntos legales más radicales que han preocupado al país”, afirmó Hartsiotis sin entrar en detalles sobre los cambios propuestos.
La diputada de Akel, Irini Charalambidou, intervino diciendo que el objetivo principal debe ser la separación de poderes, señalando que el fiscal general no puede continuar siendo el asesor legal del estado y al mismo tiempo actuar como fiscal público.
