El sindicato “Isotita” (Igualdad) ha instado al gobierno a retirar la legislación propuesta que perjudica a los funcionarios públicos. La organización advierte que, si no se retira el proyecto de ley que prohíbe las promociones en los 18 meses previos a la jubilación y no se inicia un diálogo sustantivo, el sindicato tomará represalias con todos los medios legítimos a su disposición.
Un llamado a la justicia
Calificando la legislación propuesta como “sin precedentes, arbitraria y unilateral”, Isotita sostiene que esta viola derechos y principios constitucionales, además de contradecir la legislación de la UE. El sindicato subraya que la medida no solo afecta las oportunidades de promoción de los funcionarios en sus últimos años de servicio, sino que también socava la moral y el compromiso del personal.
Además, Isotita señala que el gobierno ya ha restringido el acceso de los funcionarios públicos a servicios médicos fuera de Gesy, una acción que, según el sindicato, les priva de otro derecho más. Esta acumulación de restricciones ha generado un clima de descontento y preocupación entre los empleados públicos.
El sindicato ha dejado claro que está dispuesto a utilizar todos los medios legítimos para luchar contra esta legislación propuesta. Esto podría incluir desde manifestaciones y huelgas hasta acciones legales. Isotita insiste en que es esencial abrir un canal de diálogo con el gobierno para abordar estas cuestiones de manera justa y equitativa.
En este contexto, el sindicato hace un llamado a todas las partes interesadas para que se unan en defensa de los derechos de los funcionarios públicos. La situación actual, según Isotita, no solo pone en riesgo los derechos laborales, sino que también amenaza con desestabilizar el funcionamiento eficiente del sector público.
Los próximos días serán cruciales para ver si el gobierno responde a las demandas del sindicato y si se puede alcanzar una solución negociada que respete los derechos y necesidades de los funcionarios públicos.
