Independientemente del resultado del caso presentado contra el auditor general por conducta inapropiada, el gobierno y los partidos políticos deberían considerar seriamente poner fin a la permanencia de los nombramientos en ciertos puestos. Es absurdo que, en esta época, el auditor general, el fiscal general y el vicefiscal general tengan derecho a permanecer en su cargo hasta la edad de jubilación.
Independencia y Objetividad
La constitución prevé esto, con la idea de que la permanencia salvaguarda la independencia y objetividad de estos cargos, eliminando el poder del ejecutivo sobre estos funcionarios. Un gobierno no podría usar la amenaza de despido para forzar a un funcionario a tomar una decisión en su interés o para encubrir una ilegalidad del estado. La permanencia no planteaba mayores problemas en el pasado porque la edad de jubilación era de 60 años y la antigüedad era el criterio principal para el nombramiento en uno de estos cargos. Esto significaba que un nombrado no pasaría mucho más de 10 años en un puesto.
Mientras que el principio de antigüedad aseguraba que alguien no permaneciera demasiado tiempo en un puesto estatal, trabajaba en contra del nombramiento de personas jóvenes y dinámicas, sin importar cuán capaces fueran. Por eso es necesario poner fin a la permanencia y ofrecer contratos no renovables para los puestos de fiscal general, vicefiscal general y auditor general. Si la renovación del mandato fuera una opción, entonces habría dependencia del funcionario respecto al gobierno.
Un mandato de ocho años probablemente sería un período adecuado para que un funcionario esté en un puesto, sin el riesgo de volverse complaciente y desmotivado o el peligro de involucrarse en la construcción de un “imperio”. Debemos añadir a esto el hecho de que todos los puestos superiores se benefician de la renovación y la llegada de sangre nueva. Si se rechaza la petición de destituir a Odysseas Michaelides de su puesto, tendría otros nueve años hasta la jubilación en un puesto en el que ya ha estado durante 10 años. El vicefiscal general Savvas Angelides, nombrado en 2000, tendría otros 17 años en el cargo si se mantiene. El fiscal general George Savvides se jubilará en unos años, pero ¿qué pasaría si el presidente nombra a alguien de 40 años en su lugar? Significaría que estaría en el puesto durante 27 años.
Ningún funcionario estatal debería permanecer en un puesto hasta la jubilación, con el argumento de que garantiza su independencia. La permanencia no garantiza nada si una persona no está a la altura del trabajo. Podríamos terminar con un funcionario que no sea ni independiente ni competente en dicho puesto durante 20 años. Por eso es imperativo que se modifique la constitución, independientemente del resultado de la solicitud contra Michaelides. Algunos partidos políticos han hablado en el pasado sobre reemplazar la permanencia con un contrato de término fijo. Esto debe ser perseguido.
