La investigación independiente de la Defensora del Pueblo sobre la muerte del ciudadano bangladesí de 24 años, Anisur Rahman, ha sido suspendida, según se supo el viernes. Maria Stylianou Lottides informó al Cyprus Mail el mes pasado que su investigación se centrará en si la policía siguió los procedimientos policiales debidos y si se violaron los derechos humanos.
Rahman murió el 10 de abril, después de una redada policial en el apartamento de Limassol en el que vivía, abarrotado con un total de 11 personas. Se lanzó desde un balcón del quinto piso bajo circunstancias que han sido cuestionadas.
Investigación en Suspenso
Lottides explicó al Reporter que su solicitud a la policía para obtener el expediente fue denegada porque había sido enviado a la autoridad independiente que investiga a los oficiales de policía. Esto se debe a que esta última está llevando a cabo su propia investigación, tras una denuncia presentada por la ONG Kisa.
Al mismo tiempo, abundan las preguntas sobre el destino de las otras diez personas que fueron detenidas tras la muerte de Rahman. El Cyprus Mail fue informado de que “probablemente están detenidas en Menoyia o en otro lugar”. Fueron encontradas viviendo ilegalmente en Chipre y, como tal, serían deportadas. Sin embargo, debido a que hay una investigación en curso, deben permanecer en Chipre para cualquier posible testimonio como testigos, según un portavoz de la policía.
Kisa desafió la narrativa policial de que dos oficiales fueron admitidos consensualmente en el apartamento. El presidente de la ONG, Doros Polykarpou, dijo que tenían testimonios que afirmaban que la puerta fue derribada y cinco o seis oficiales de policía irrumpieron, esposando a las personas mientras despertaban del alboroto. Según Polykarpou, en un estado de pánico, Rahman saltó por una ventana para escapar. Su autopsia mostró que murió por una lesión cráneo-cerebral severa y su columna vertebral se rompió debido a una caída desde una altura.
Cuestiones Legales
Lottides aclaró que las dos investigaciones no pueden llevarse a cabo al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando la otra investigación concluya, ella evaluará los hallazgos y procederá en consecuencia.
El portavoz de la policía, Christos Andreou, dijo que no se encontró ninguna falta con el propietario que alquiló el apartamento, ya que los ciudadanos bangladesíes “eran legales cuando firmaron el contrato. Fue después cuando se volvieron ilegales, y él no podía saberlo”. Negó que el apartamento fuera un edificio peligroso y dijo que otros inquilinos continúan viviendo allí. Andreou también dijo que el propietario tiene derecho a alquilar el apartamento a tantas personas como desee. Añadió que se ha presentado un caso judicial contra un empleador que había contratado a uno de los 11 ciudadanos bangladesíes.
Rahman fue repatriado a su natal Bangladesh el 30 de abril. Su muerte provocó una ola de protestas en Limassol y Nicosia, denunciando el racismo que muchos nacionales de terceros países enfrentan en Chipre.
