El gobierno de Nueva Zelanda anunció que la Autoridad Sanitaria Maorí, conocida como Te Aka Whai Ora, será disuelta para el 20 de junio, según declaraciones del ministro de salud el martes. La medida forma parte de las acciones del gobierno de centro-derecha para revertir las políticas indígenas implementadas por administraciones anteriores.
La Autoridad Sanitaria Maorí fue creada en 2022 con el objetivo de mejorar los resultados de salud de la población maorí, que representa el 17% de la población del país y cuyos indicadores de salud están por debajo del promedio nacional. El primer ministro Christopher Luxon y su coalición de centro-derecha, que asumieron el cargo en octubre, se han comprometido a deshacer políticas previas, especialmente aquellas que promueven el uso oficial del idioma maorí y buscan mejorar los estándares de vida y derechos de los pueblos indígenas.
La decisión ha sido interpretada por muchos grupos indígenas como un ataque a sus derechos y estatus, desencadenando protestas. Luxon defiende su política argumentando que busca otorgar iguales derechos a todos los neozelandeses.
El ministro de Salud, Shane Reti, indicó que la Autoridad Sanitaria Maorí será absorbida por el sistema sanitario público. “La transferencia de sus funciones al sistema de salud público significa que el sistema retiene la experiencia necesaria para mejorar los resultados de salud para todos los neozelandeses, incluidos los maoríes”, dijo Reti en un comunicado.
La medida fue recomendada por una comisión permanente, el Tribunal de Waitangi, que desde la década de 1970 escucha reclamos maoríes y sugiere compensaciones cuando es necesario.
Jacqui Harema, directora ejecutiva de Hapa to Hauora, la mayor entidad de salud pública maorí, expresó su preocupación por la disolución de la Autoridad Sanitaria Maorí. Según Harema, los maoríes saben mejor cómo cuidar a su gente y mejorar sus resultados en salud. “Los maoríes saben lo que es mejor para ellos. Necesitan poder financiar y dotar de recursos soluciones basadas en nuestra propia visión del mundo para nuestra gente”, afirmó.
Harema citó el ejemplo de proveedores de salud maoríes financiados para administrar vacunas contra el COVID-19, quienes tuvieron éxito en alcanzar a su población porque trabajaban con familias, contaban con proveedores conocidos en las comunidades y la información proporcionada estaba dirigida específicamente a su población.
Grupos y tribus maoríes han estado resistiendo las reformas gubernamentales a las políticas indígenas con protestas a nivel nacional y algunas han emprendido acciones legales. Se ha presentado una reclamación ante el Tribunal de Waitangi sobre el plan de cierre de la Autoridad Sanitaria Maorí, pero el cierre se hará oficial antes de que el Tribunal escuche la reclamación.
