Algunos de los miembros más liberales y conservadores del Senado estatal acordaron recientemente que si compras un iPhone en Los Ángeles, no debería ayudar a pagar la policía en Cupertino. Pero el bipartidismo no fue suficiente para aprobar un proyecto de ley que cambiaría las reglas que permiten a las corporaciones elegir quién recibe sus impuestos sobre las ventas en línea, obligando a las ciudades a competir ofreciendo enormes sobornos fiscales para ganar su favor.
“Cuando hablamos de cuánto se está perdiendo en dólares de impuestos, déjenme decirles, son más de $1 mil millones … devueltos a las empresas”, dijo el senador Steve Glazer, autor del proyecto de ley, a sus colegas en el pleno del Senado a finales del mes pasado. “Mil millones de dólares que irían a servicios públicos en todas nuestras jurisdicciones”.
Distribución en línea del impuesto sobre las ventas
La oposición al Proyecto de Ley 1494 del Senado de Glazer también fue bipartidista, parte de ella proveniente de senadores que representan ciudades que se benefician de las reglas actuales. Cupertino, por ejemplo, devuelve el 35% de los impuestos que recauda de Apple – alrededor de $4.5 millones por año – a la empresa. Aun así, casi tres cuartas partes de los ingresos por impuestos sobre las ventas de la ciudad provienen de Apple, según Bloomberg Tax, que ha cubierto extensamente el tema.
A medida que los compradores han cambiado a comprar bienes en sus teléfonos inteligentes y computadoras, los funcionarios han debatido durante años sobre dónde debería ir el ingreso del impuesto sobre las ventas para las compras realizadas en línea. ¿Debería ser la ubicación del comprador o del vendedor? Actualmente, es el vendedor. Y las empresas tienen una discreción significativa para elegir su “punto de venta” a efectos fiscales. Esto da a las empresas que prometen empleos locales y aumentos de ingresos municipales por almacenes, oficinas o centros comerciales un tremendo poder de negociación sobre los gobiernos locales mientras negocian acuerdos que canalizan el dinero del impuesto sobre las ventas que las ciudades recaudan de vuelta a las corporaciones.
Para Glazer, un demócrata de Orinda, los acuerdos con los gobiernos locales que devuelven los impuestos sobre las ventas a las empresas son fundamentalmente injustos. Él cree que si los californianos compran algo en línea, esperan que los impuestos vayan al gobierno local donde se realizó la transacción – no a alguna ciudad que podría estar a cientos de millas de distancia. Les dijo a sus colegas del Senado que crea un sistema perverso de “ganadores y perdedores”.
“El noventa y tres por ciento de las ciudades son perdedoras”, dijo. “Puedo decirles que si viven en ciudades como Los Ángeles, son perdedores; San Francisco, Oakland, son perdedores; San Diego, son perdedores”.
Un grupo bipartidista de 17 legisladores, algunos cuyos distritos incluyen ciudades que estaban en la categoría de “perdedores” de Glazer, votaron para apoyar su proyecto de ley el 23 de mayo. Los partidarios incluían al liberal senador Scott Wiener, un demócrata de San Francisco con una calificación del 100% del Sierra Club y 0% de la Cámara de Comercio de California, y al conservador senador Brian Dahle, un republicano del rincón rural noreste del estado con una calificación del 100% de la cámara y 0% del Sierra Club.
Dahle, quien perdió una candidatura para gobernador en 2022, se separó de la Asociación de Contribuyentes de California en esta votación aunque se alinea con la posición del grupo anti-impuestos en casi el 90% del tiempo, según la base de datos Digital Democracy de CalMatters.
“Escuchamos todos los días en este pleno sobre comunidades desfavorecidas y personas que no obtienen una oportunidad justa en California y los ricos haciéndose más ricos y los pobres haciéndose más pobres”, dijo en el pleno del Senado. “Piensen en esto: Esto no es un aumento o disminución de impuestos. Esto es sobre distribución. Estas empresas multimillonarias en California están robando su comunidad y poniendo esa base impositiva que yo pago en (el condado de Lassen) en sus bolsillos, haciéndose aún más ricas a costa de un impuesto”.
Pero los argumentos de personas como Glazer y Dahle no fueron suficientes para que el proyecto pasara en la cámara de 40 miembros. Obtuvo 17 votos a favor y solo 11 en contra, pero 12 senadores no votaron, lo cual cuenta como un “no”.
Como ha informado CalMatters, los legisladores regularmente evitan votar sobre proyectos controvertidos para evitar enfadar a colegas o eliminar un registro de su oposición en asuntos delicados. No hay distinción para los legisladores que se abstienen o están ausentes.
Muchos de los senadores opositores tienen comunidades que se benefician de los acuerdos fiscales, o se alinearon con ciudades y condados que argumentan que los acuerdos fiscales son herramientas valiosas que ayudan a las comunidades desfavorecidas a promover el desarrollo económico y crear empleos.
El gobernador Gavin Newsom vetó un proyecto similar de Glazer en 2019, haciendo los mismos argumentos.
No sorprende que el senador de Cupertino, Dave Cortese, un demócrata, votara “no”. La senadora Susan Talamantes Eggman, una ex concejal demócrata de Stockton, también emitió un voto negativo. Ella dijo a sus colegas que el sistema fiscal actual no necesariamente beneficia solo a las comunidades ricas del Silicon Valley.
“Este proyecto trata sobre lo que los gobiernos locales pueden hacer con los recursos que tienen”, dijo. “Así que les diré algunos de los ganadores, y ustedes me dicen si son los grandes o no. Ciudad de Dinuba, ciudad de Fresno, ciudad de Merced … ciudad de Tracy, ciudad de Stockton. ¿Saben quiénes son esas personas? Los pequeños que viven en ese corredor, que respiran ese diésel, que huelen esa gasolina, que tienen muchos de nuestros trabajos tomados”.
Ella señaló que Stockton solo recibe entre $1.5 millones y $2 millones al año gracias a tal acuerdo. No dijo qué empresa, y su oficina no respondió a la solicitud de aclaración de CalMatters. Los funcionarios de Stockton tampoco respondieron a la solicitud.
Pero Glazer dijo a CalMatters que esos tipos de argumentos son cortos de miras ya que cambiar el sistema fiscal canalizaría $1 mil millones en sobornos fiscales que las corporaciones reciben por estos acuerdos hacia comunidades en todo el estado. Le frustraba que la influyente Liga de Ciudades de California se opusiera al proyecto, ya que los cabilderos de la organización regularmente se quejan ante los legisladores diciendo que “nuestras ciudades están luchando y nuestras ciudades están sufriendo” por falta de ingresos.
“Han dado más de $1 mil millones del dinero público a estas corporaciones ricas”, dijo Glazer. “¿Cómo pueden venir aquí a Sacramento quejándose por no tener dinero?”
La Liga de Ciudades de California dijo a los legisladores en una carta oponiéndose al proyecto que las regulaciones propuestas eran innecesarias ya que sus miembros habían acordado poner un límite a los sobornos corporativos, “proporcionar mayor transparencia y revisión pública, y hacer cambios equitativos” en cómo se distribuyen los impuestos.
El senador Kelly Seyarto, un republicano y ex alcalde de Murrieta, dijo que los acuerdos fiscales permiten a pequeñas comunidades como la suya competir con ciudades más grandes para atraer desarrolladores empresariales importantes. Dijo al Comité Local del Gobierno del Senado en abril que si el proyecto de Glazer hubiera pasado, no podrían hacerlo.
“Y para comunidades más pequeñas como la mía,” dijo, “eso es muerte.”
