La Oficina del Auditor General ha instado a la Hacienda a detener de inmediato el pago de salarios y pensiones a los funcionarios del Estado que están en activo, según se desprende de un informe especial sobre la Tesorería correspondiente al año 2022, publicado el martes.
El informe señala que esta práctica se realiza en “violación expresa de las leyes pertinentes” y subraya que “ninguna pensión ilegal debería ser pagada a partir del mes de enero de 2024”. De acuerdo con la legislación aplicable, las pensiones deberían haberse suspendido durante el período en que estos funcionarios reciben un salario.
A principios de este mes, la Hacienda anunció que reanudaría el pago de pensiones a los funcionarios del Estado en activo, tras recibir asesoramiento legal de la oficina del Fiscal General. Se estima que unos 160 funcionarios, tanto retirados como en activo, están recibiendo múltiples pensiones. Por ejemplo, hay casos como el del presidente y cuatro ministros que cobran una pensión estatal al mismo tiempo que reciben un salario del Estado.
A pesar de los intentos del legislativo por poner fin a esta situación, una ley aprobada en 2014 fue posteriormente declarada inconstitucional por los tribunales, argumentando que una pensión es propiedad de su beneficiario y no puede ser retirada.
El dossier también menciona que la Hacienda lleva a cabo “prácticas contables… no acordes con el principio contable de ingresos y pagos”, base sobre la cual se compilaron los estados financieros. Además, el informe señala que los recortes salariales del sector público estipulados en el acuerdo de rescate de 2013 con prestamistas internacionales no se aplicaron a los salarios de los jueces contratados después de la aprobación de la legislación pertinente. Esta excepción para los jueces continuó hasta agosto de 2021.
Otro punto destacado se refiere a que la Hacienda no verificó adecuadamente el cumplimiento de todas las disposiciones de los esquemas de préstamos subvencionados para empresas o para nuevas hipotecas para viviendas, implementados por el gobierno como parte de las medidas de alivio durante la pandemia del coronavirus.
La Oficina del Auditor General encontró “casos en los que para los ingresos de la Hacienda no se adjunta documentación de respaldo, aparte de la nota de crédito del Banco Central y/o recibos que no muestran indicación de haber sido verificados”.
Como resultado, no fue posible determinar si la Hacienda aseguró todos los datos necesarios y verificó la exactitud del monto en el momento material del recibo.
