**Las decisiones gubernamentales en materia de fiscalidad ecológica enfrentan críticas ante la presión inflacionista**
En un contexto de creciente preocupación por la sostenibilidad ambiental, el gobierno de Christodoulides ha anunciado una serie de medidas fiscales verdes que, según el Ministro de Finanzas Makis Keravnos, reportarán “grandes beneficios”. Sin embargo, estas decisiones gubernamentales han generado escepticismo entre la población y los sectores empresariales, especialmente en lo que respecta al incremento en los precios del combustible.
A finales de este mes, concluirá la reducción de 8.3 céntimos en el impuesto al consumo por litro de combustible, y se espera que a partir del 1 de abril se introduzca un nuevo impuesto verde de 5 céntimos. Aunque los partidos políticos podrían retrasar su implementación, existe la posibilidad de que el precio por litro de gasolina aumente entre 14 y 15 céntimos. Esta situación no parece traducirse en un “gran beneficio” para el bolsillo de los consumidores, a pesar de que Keravnos argumenta que la fiscalidad ecológica “desalentará el desperdicio de energía y recursos naturales”.
El Ministro también ha afirmado que el impuesto al carbono sobre el combustible sería “imperceptible” y que se tomarían medidas para compensar la tributación; sin embargo, aún no se han decidido las formas específicas en que se devolverán estos ingresos a empresas y hogares. Mientras tanto, para la mayoría de la población, el aumento del costo de vida es un hecho consumado.
Otro aspecto preocupante es la presión inflacionista que podría derivarse de estas medidas. El aumento en los costos del combustible seguramente repercutirá en los precios generales, ya que las empresas trasladarán estos costos adicionales a los consumidores. Esto ocurre justo cuando parecía que la tasa de inflación estaba bajo control, lo que podría provocar una nueva ola de incrementos en los precios como resultado de la fiscalidad ecológica.
Además, existe la sospecha de que la decisión del regulador energético Cera de rechazar la propuesta de aumento tarifario de la Autoridad de Electricidad fue influenciada por el gobierno, preocupado por la reacción pública, especialmente cuando se prevé el fin del subsidio a las facturas eléctricas a finales de abril.
Las decisiones gubernamentales en materia fiscal están bajo escrutinio, ya que las medidas temporales de alivio pueden crear una impresión errónea de viabilidad a largo plazo. Los partidos políticos ya están discutiendo la posibilidad de extender el recorte del impuesto sobre el combustible y buscar una extensión para el subsidio eléctrico. El gobierno ahora se enfrenta a la disyuntiva entre ceder ante estas demandas o mantener una postura firme en defensa de las finanzas públicas.
La necesidad de una comunicación transparente y responsable es evidente. El gobierno debe comprender que hay momentos en los que debe expresar las cosas tal como son, por el bien del país.
