Just two of the more than 50 new laws proposed by Oregonians through the ballot initiative process stand a chance at appearing before voters in November.
El viernes fue la fecha límite para que los grupos presentaran las más de 100,000 firmas de peticiones necesarias para dar a los votantes la oportunidad de aprobar o rechazar las medidas en la boleta. Solo dos medidas – una que impondría más impuestos a las corporaciones para dar pagos anuales de $750 a todos los habitantes de Oregón y otra que restringiría la ruptura de sindicatos en la industria del cannabis – presentaron firmas el viernes.
Si la Oficina del Secretario de Estado confirma que ambas propuestas recolectaron suficientes firmas verificadas de votantes de Oregón, se unirán a tres referendos legislativos en la boleta de noviembre. Los legisladores en 2023 optaron por dejar que los votantes decidieran si otorgar al Legislativo el poder de destituir a altos funcionarios, permitir que una comisión independiente establezca los salarios de los funcionarios electos y cambiar la forma en que se eligen los candidatos.
Los partidarios de medidas de alto perfil para revertir la ley de despenalización de drogas de Oregón y limitar el gasto político utilizaron sus esfuerzos de recolección de firmas como palanca para convencer a los legisladores de hacer los cambios que querían. Otras medidas propuestas, incluyendo un intento del representante estatal republicano responsable de muchas de las leyes duras contra el crimen en Oregón para limitar la liberación previa al juicio y exigir que las fuerzas del orden estatales cooperen con los funcionarios de inmigración, se quedaron sin tiempo. Y otras propuestas, incluyendo una enmienda constitucional sugerida para quintuplicar la Cámara de Representantes del estado, nunca tuvieron una oportunidad.
Cannabis y sindicatos
Los partidarios de la Iniciativa de Petición 35, la única de varias medidas propuestas por el sindicato más grande del sector privado del estado que avanzó, presentaron alrededor de 160,000 firmas a la Oficina del Secretario de Estado el viernes. Es el último intento del Sindicato Unido de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio 555, el sindicato que representa a los trabajadores de supermercados de Oregón, para facilitar la sindicalización en la industria del cannabis.
UFCW intentó primero aprobar el Proyecto de Ley 3183, similarmente redactado a la medida en la boleta, durante la sesión legislativa de 2023. Cuando el representante estatal Paul Holvey, un demócrata de Eugene y presidente del Comité de Negocios y Trabajo de la Cámara, archivó el proyecto debido a preocupaciones de que podría entrar en conflicto con la ley federal, UFCW lanzó una campaña de destitución contra él. Holvey ganó la destitución con más del 90% de los votos, aunque eligió retirarse en lugar de postularse para la reelección.
La medida propuesta requeriría que los minoristas y procesadores de cannabis se mantuvieran neutrales en las comunicaciones con los empleados sobre organizaciones laborales y obligaría a las empresas de cannabis a presentar un “acuerdo de paz laboral” con una promesa de neutralidad cuando soliciten o renueven sus licencias estatales. No hacerlo podría resultar en multas o suspensión de licencias.
Michael Selvaggio, un cabildero del sindicato, dijo que las preocupaciones de Holvey sobre la legalidad de esta ley propuesta no son ampliamente compartidas y son un “no-problema” según su opinión.
“California, Nueva York y Nueva Jersey han tenido este tipo de disposiciones integradas en su política sobre el cannabis desde que se adoptó,” dijo. “No ha habido desafíos de ningún tipo con mérito a esta estructura de derechos organizativos.”
UFCW, el sindicato del sector privado más grande en Oregón, ha dirigido más de $2 millones a la campaña.
Reembolso en Oregón
La otra medida en la boleta que probablemente avance, la Iniciativa de Petición 17, presentó más de 168,000 firmas el miércoles. Aumentaría los impuestos sobre ingresos corporativos al 3% en ventas superiores a $25 millones y usaría los ingresos para enviar reembolsos a todos en el estado, incluidos los niños.
Los partidarios estiman que el reembolso anual promedio sería alrededor de $750, asumiendo que recaude $3 mil millones en nuevos impuestos y la población estatal sea superior a 4 millones. Pero los opositores, incluido el principal grupo empresarial del estado Oregon Business and Industry, advirtieron que los impuestos más altos podrían llevar a las corporaciones a abandonar el estado.
La campaña ha recaudado más de $700,000, la mayoría de donantes fuera del estado. Más de la mitad de su financiamiento proviene de Jones Holding LLC, una empresa con sede en California propiedad de Josh Jones, un capitalista de riesgo que apoya el ingreso básico universal.
Antonio Gisbert, el residente de Portland que sirve como patrocinador principal de la iniciativa, no devolvió una llamada.
