La Autoridad de Control en el punto de mira por la supervisión de empresas de servicios
En el marco de las recientes discusiones sobre la supervisión y el cumplimiento en la industria de servicios, el presidente del Colegio de Abogados, Michalis Vorkas, ha manifestado su preocupación ante la propuesta de la Autoridad de Control financiera. Durante una sesión del comité legal de la Cámara, Vorkas cuestionó la decisión del Ministerio de Finanzas de asignar a la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre la tarea de supervisar a 50 de las mayores empresas proveedoras de servicios del país.
El criterio para determinar qué empresas deben ser escrutadas por cumplimiento no debe basarse en el tamaño de estas, argumentó Vorkas, quien además señaló que es inaceptable establecer límites en la cantidad de clientes que puede tener un proveedor de servicios. Además, criticó que no se haya invitado a las partes involucradas, como el Colegio de Abogados, a un diálogo previo, aunque mencionó que han sido convocados a una presentación programada para el 22 de marzo.
Por su parte, el presidente del comité y diputado de Disy, Nics Tornaritis, instó al gobierno a realizar consultas, subrayando que la supervisión debe realizarse en todos los niveles pero sin violar la confidencialidad entre abogado y cliente.
Vorkas rechazó las sugerencias de que el desacuerdo del Colegio con la autoridad de supervisión plantea problemas de transparencia. “Ninguna persona sensata se sentirá segura sabiendo que el poder ejecutivo podrá monitorear su comunicación con su abogado en cualquier momento”, enfatizó, destacando que esto entraría en conflicto con los principios establecidos del derecho y con lo que se aplica hoy en día en la Unión Europea.
A medida que el comité comienza a discutir sobre la autoridad, se invitará a representantes de los cuerpos involucrados, como el Colegio de Abogados y la asociación de contadores (Selk), junto con funcionarios del ministerio de finanzas, para las discusiones.
Las asociaciones de la industria han expresado su desacuerdo sobre cómo se prevé la autoridad. En sus palabras, no porque estén en contra de la supervisión, sino por las preocupaciones que tienen sobre cómo el gobierno planea llevarla a cabo, lo cual argumentan que choca con la confidencialidad del cliente.
