La Oficina de Auditoría señala irregularidades en el Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia ha sido instado a desarrollar un sistema de auditoría interna confiable para sus recibos y pagos, según un informe publicado el martes por la Oficina de Auditoría. El documento abarcó las transacciones financieras del ministerio correspondientes al año fiscal 2022. Tras examinar una muestra de transacciones, el organismo gubernamental encontró “debilidades en términos de cumplimiento de las leyes y reglamentos pertinentes [en cuanto al gasto]” y recomendó que el ministerio refuerce sus controles internos.
El auditor general identificó irregularidades en la entrega de anticipos para programas relacionados con el Mecanismo Nacional para los Derechos de la Mujer. Dichos pagos se realizaron sin haber presentado la documentación de respaldo para los gastos reales efectuados. Por lo tanto, el organismo de control recomienda que el ministerio considere emprender acciones legales contra los receptores de estos fondos estatales, incluyendo organizaciones e individuos. En casos donde los beneficiarios también reciben una subvención estatal anual, la Oficina de Auditoría recomienda deducir el monto del anticipo otorgado del próximo subsidio estatal.
El auditor general rastreó un caso de una subvención bajo el Mecanismo Nacional para los Derechos de la Mujer donde las facturas presentadas no indicaban el nombre o la dirección del proveedor. A pesar de ello, las facturas fueron aceptadas. Además, hubo casos en los que las facturas presentadas por los beneficiarios no tenían fecha de recepción.
Otro tema señalado fue la falta de un certificado para un edificio alquilado por el ministerio de justicia. El propietario del edificio no ha realizado las modificaciones necesarias para obtener el certificado requerido. Aquí, el informe señaló que el uso de edificios que carecen de un certificado final de aprobación constituye un delito penal, por el cual tanto el propietario como el inquilino son responsables.
Con respecto al servicio de bomberos, el auditor general descubrió que el departamento aún tiene que nombrar funcionarios dedicados que revisarían las facturas antes de que se realicen los pagos. En cambio, las verificaciones continúan siendo realizadas por un oficial superior de bomberos.
En cuanto a las prisiones, que también están bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia, el informe señaló una discrepancia entre los montos individuales en las cuentas de los reclusos y el monto total reportado al tesoro estatal. “Desde 2015, los errores contables en los saldos de las cuentas individuales de los reclusos siguen sin definirse/especificarse, lo cual consideramos alarmante, dado que en el pasado ha habido incidentes de abuso en las cuentas en cuestión”, dijo la Oficina de Auditoría.
Mientras tanto, se están realizando sobrepagos a dos guardias de prisión que ya se han jubilado. El ministerio se puso en contacto con los dos guardias para realizar las correcciones necesarias, pero no han respondido.
En cuanto a la fuerza policial, el informe señaló que se publicó un informe separado para el departamento en noviembre de 2023.
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